Así lo ha acordado en un auto hecho público hoy por la sección segunda de este tribunal que considera que, tal y como estableció el Juzgado de Instrucción número 1 de Gasteiz, existen indicios suficientes como para continuar la causa e ir a juicio contra los tres imputados por delitos continuados de daños y estafa, aunque sobre este segundo delito la Audiencia Provincial reconoce en parte el recurso interpuesto por Gil.

En concreto, el tribunal analiza que los indicios de estafa que se recogen en la resolución que dictó el pasado mayo el juzgado de instrucción con el que se finalizó toda la fase de investigación giran en torno a dos acciones y que sólo se aprecia prueba de ese delito en uno de los casos. El exdirector del yacimiento de Iruña-Veleia está acusado de haber falsificado grafitos considerados históricos.

Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, de la que era administrador Gil, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que en su día se calificaron como históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskara y la entrada del cristianismo.

Dos informes periciales

El auto que cerró la instrucción estableció que «la falta de autenticidad de estos grafitos» está acreditada por dos informes periciales del Instituto de Patrimonio Cultural de España y de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

También añadió que los acusados actuaron con el «ánimo de obtener no solo un beneficio económico, sino también un prestigio y reconocimiento profesional», y que acordaron elaborar en 2005 «informes falsos» para demostrar la autenticidad de los grafitos.

Además supuestamente lograron que la Diputación alavesa pagase más de 12.500 euros por dos de ellos haciendo creer que habían sido redactados por unos laboratorios franceses.

Ahora la Audiencia Provincial de Araba analiza por separado los indicios recogidos sobre la presunta estafa. Por una parte los vinculados al cobro de los informes a la Diputación, en la que estaría implicado Lurmen, cuyo representante era Gil y otro de los acusados; y por otra los relacionados con la muestra al público de esos hallazgos para «lograr un cierto prestigio profesional y obtener beneficios económicos».

Inferior a 36.000 euros

Respecto a los informes, el tribunal estima que hay suficientes indicios de una presunta estafa aunque considera que no sería aplicable el tipo agravado de este delito porque la cuantía no es superior a 36.000 euros.

Sin embargo no ve prueba suficiente para ampliar el delito de estafa al acto de mostrar al público la piezas, ya que faltan indicios sobre un posible lucro.

El Tribunal también corrobora la continuación de la causa respecto a los presuntos daños cometidos sobre los objetos del yacimiento y también que los tres investigados presuntamente intervinieron en estos hechos.

Deberán ser las partes acusadoras –Ministerio Fiscal y Diputación de Araba– las que ahora delimiten en sus escritos la concreta intervención de cada acusado en los hechos. Este auto es firme y no cabe recurso contra él.