Adolfo Muñoz se ha referido, de esta forma, a una información publicada este lunes por ‘eldiario.es’ en la que se recoge que la Hacienda de Bizkaia estaría investigando a los sindicatos vascos por su caja de resistencia y les habría requerido las identidades de los trabajadores que hayan recibido retribuciones para sostener huelgas, las cantidades abonadas y «en su caso» las retenciones practicadas en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

ELA ha utilizado este instrumento en apoyo a sus afiliados en conflictos laborales que se han prolongado en el tiempo, como el reciente en las residencias de Bizkaia, cuyas trabajadoras secundaron 370 jornadas de huelga.

En conferencia de prensa para tratar sobre la negociación colectiva, Muñoz ha asegurado que ELA no ha recibido la carta de la Hacienda vizcaina que, según la información citada, está fechada el pasado 26 de enero.

El secretario general de ELA ha asegurado que el sindicato «lleva 38 años cumpliendo todos los criterios que han establecido las haciendas vascas», y ha precisado que la Hacienda de Bizkaia «tiene toda la información en relación a los pagos de caja, porque ya se la hicimos llegar hace unos meses».

«Llevamos 38 años cumpliendo los criterios que las haciendas han tenido en relación a lo que es la caja de resistencia de nuestra organización, hemos cumplido los 38 años lo que las normas decían, y la Hacienda de Bizkaia tiene toda la información de pagos, de forma que hemos cumplido el requerimiento que la Hacienda de Bizkaia ha planteado», ha insistido.

Precedente de Caballito en Araba

Ha aclarado, asimismo, que las haciendas vascas «hasta la fecha no habían considerado nunca que el pago de la caja fuera rendimiento de trabajo. Hasta la fecha de hoy hemos cumplido siempre los criterios establecidos por las haciendas, que nunca han considerado la indemnización de caja como renta de trabajo», ha reiterado.

Ha recordado que esta situación ya se dio en Araba durante el conflicto en Caballito –los trabajadores secundaron una huelga de más de dos años–, cuando la Hacienda alavesa abrió un expediente, ELA presentó alegaciones y «se archivó».