En un comunicado, difundido antes de que el presidente del Parlament haya decidido aplazar el pleno del lunes, la CUP afirma que «no tiene ninguna justificación que el Estado español quiera intervenir de nuevo» en el debate de investidura del Parlament «vulnerando su propia legalidad».

Sobre la propuesta que le han hecho llegar JxCat y ERC, la CUP advierte de que no ve «diferencias de fondo» con respecto a la anterior, ya que «continúa teniendo deficiencias importantes y decisivas», motivo por el cual no ha convocado de momento una nueva reunión del consejo político para pronunciarse.

Precisa, por ejemplo, que ve poca consistencia en ámbitos como «el de la construcción y la materialización republicana, la concreción de un proceso constituyente, y la articulación de políticas sociales y económicas orientadas a quitar privilegios a los sectores sociales que aún los mantienen».

La CUP argumenta, asimismo, que puesto que la propuesta la recibió a las 23.56 del miércoles, y ayer participó en la huelga general feminista, su militancia no ha tenido tiempo para poder valorarla, con lo cual «se deben respetar los tiempo internos» de su organización.

Critican que ERC y JxCat saben que la estructura asamblearia de la formación requiere de tiempo: los diputados y el Secretariat Nacional estudian los documentos, deciden remitirlo a las asambleas territoriales y sectoriales que los debaten y elevan un posicionamiento al Consell Polític y al Grup d'Acció Parlamentaria (GAP) que toman la decisión.

El último Consell Polític y GAP del 3 de marzo, decidió emitir cuatro abstenciones a la investidura de Sànchez en el pleno de lunes porque consideraban que la propuesta que les hacían era autonomista.

Esa decisión provocaría que la mayoría independentista de 70 diputados se quedaría en 66, con cuatro de sus diputados sin tener asegurado el voto –Oriol Junqueras (ERC) y el propio Sànchez por estar en prisión y Carles Puigdemont (JxCat) y Toni Comín (ERC) por estar en Bélgica–.

Atendido a que el juez permitió delegar el voto a los diputados en prisión pero no a los diputados en Bruselas, los independentistas se quedarían con 64 votos en el hemiciclo frente a los 65 del resto de grupos.

La formación asamblearia dio tres alternativas a JxCat y ERC: la renuncia al acta de Puigdemont y Comin, que no comparten; que el Parlament desobedezca y permita el voto a distancia de los dos; y si no, buscar apoyo en otros grupos, una opción que las formaciones no independentistas no contemplan.

En el comunicado, remitido antes de la decisión de aplazar el pleno del lunes, afirma que «los tiempos, debates y soberanía del Parlament no pueden estar impuestos ni condicionados por el Gobierno, ni por el Tribunal Constitucional, ni por ningún otro órgano» que esté dispuesto «a pisotear su propia legalidad para impedir la materialización de la voluntad del pueblo de Catalunya».

Por este motivo, la CUP emplaza «a las fuerzas democráticas y republicanas a respetar los mandatos populares y a tirar adelante con los procesos políticos, independientemente de los chantajes y condicionantes de las instituciones políticas y judiciales del Estado».