Los plenos monográficos no suelen deparar grandes acuerdos. En muchas ocasiones los partidos que sustentan al Gobierno de Gasteiz se apoyan en el PP para rechazar las propuestas planteadas por los grupos de izquierda, y dan el visto bueno a proposiciones no ley sin fundamento. Por suerte la sesión de ayer fue diferente. Los representantes de PNV y el PSE optaron por no «pasar el rodillo», tal como indicó la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena, y permitieron la aprobación de más de 80 medidas que tienen por objeto fomentar la conciliación familiar en la CAV. Todo ello marcado obviamente por las enormes movilizaciones feministas del pasado 8 de Marzo.

La Cámara aprobó, por ejemplo, una enmienda transaccional firmada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos en la que se insta al Ejecutivo autonómico a que el acceso al consorcio Haurreskolak sea gratis para las familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros. Y reclamó, a iniciativa de PNV y PSE, que la propuesta para extender el permiso de parentalidad intransferible y las iniciativas sobre teletrabajo en el ámbito de la Administración Pública se trasladen al conjunto de la actividad económica y productiva.

Además, el Pleno pidió al Gobierno español y al Congreso que impulsen los cambios legislativos necesarios para implementar «permisos parentales iguales e intransferibles pagados al cien por cien». Una iniciativa que va en línea con la propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Beatriz Artolazabal, quien anunció que va a «promover» la modificación del decreto de ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar para introducir gradualmente una prestación económica que dé cobertura a las excedencias por paternidad durante doce semanas con una cuantía equivalente al 100% de la base de cotización. La excedencia, a la que se podrá optar durante el primer año del recién nacido, no podrá coincidir en el tiempo con el permiso materno.

«Se trata de una medida alternativa a los reducidos permisos estatales de paternidad y que se suma a la ya anunciada por el Gobierno Vasco para la Función Pública», manifestó Artolazabal, que trabajará en la mejora de las prestaciones económicas dirigidas a las familias con hijas e hijos. «Para ello está en proceso de trámite la modificación del decreto 30/2015 del 17 de mayo, de ayudas económicas de apoyo a las familias con hijas e hijos a cargo, en el sentido de ampliar de dos a tres anualidades la ayuda a recibir por la segunda hija o hijo», añadió. Y avanzó cambios en la Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social para «mejorar el tratamiento que se da a las unidades familiares con menores a cargo en el marco de la AES y de la RGI».

A este respecto, anunció la reducción del periodo mínimo de empadronamiento a dos años para familias con menores a su cargo, el incremento del complemento existente para familias monoparentales y la creación de un nuevo complemento para víctimas de la violencia en el ámbito familiar.

El plan de Lakua

Además, la consejera detalló las bases del IV Plan de Apoyo a las Familias y la Infancia, que estará listo «pronto». Este se sustentará en el reconocimiento y apoyo a la diversidad familiar, la corresponsabilidad e igualdad de género, la combinación de servicios de atención directa y prestaciones económicas, la igualdad de oportunidades y movilidad social y la vinculación de agentes públicos y privados. «La intervención pública en este ámbito no debería centrarse en las consecuencias sociales de la natalidad, sino en los derechos y el bienestar de las personas», apuntó antes de advertir de que «los niveles actuales de natalidad no responden solamente a decisiones individuales o a un cambio de valores respecto a periodos anteriores, sino también a un entorno social que no facilita e incluso obstaculiza que las personas tengan la descendencia que desearían».

Una opinión compartida por el parlamentario del PNV Aitor Urrutia, que abogó por impulsar «estrategias integrales, fomentando todo lo relacionado con los servicios sociales, como por ejemplo, las ayudas a padres y madres, la calidad de la educación infantil, la salud o la vivienda». «De ese modo, se eliminan los obstáculos que dificultan que las personas puedan iniciar su proyecto familiar y tener el número de hijos e hijas deseado», incidió.

Restablecer el equilibrio

Desde EH Bildu, Kortajarena criticó las políticas centradas exclusivamente en la natalidad. A su juicio, el reto demográfico «tiene más que ver con el buen vivir que con la natalidad. Tiene que ver con romper con un sistema injusto y transitar juntos y juntas hacia otros modelos, con restablecer nuevos equilibrios entre el trabajo productivo y el reproductivo. Tiene que ver con lo que ya dejamos claro las mujeres el 8M».

En la misma línea se pronunció la parlamentaria Tinixara Guanche, de Elkarrekin Podemos, que alertó de que la precariedad es uno de los principales problemas de las familias vascas. «Hablar de demografía, reproducción social y familia es hablar de qué tipo de sociedad tenemos y queremos. Es hablar de derechos y de bienestar, de seguridad y de que las instituciones públicas acompañen a las personas, les protejan y les garanticen vidas dignas», remarcó.

Por su parte, Gloria Sánchez (PSE) insistió en la necesidad de impulsar un cambio de paradigma en lugar de situar el debate en cuestión de ayudas. Subrayó que las políticas vigentes de «asistencialismo y paternalismo» han demostrado que «no se tienen hijos por recibir dinero a cambio». En el otro lado de la balanza se situó Laura Garrido, del PP, que criticó los recortes aplicados por Lakua.

Hirukide, que valoró de forma positiva la celebración del pleno, reivindicó que el Plan de Apoyo a las Familias cuente con un «presupuesto ambicioso», y apostó por incrementar a 1.200 euros al año la cuantía de las ayudas por hijo o hija. También solicitó cambios en la política fiscal de los tres herrialdes para favorecer la conciliación.