Tras una larga espera, fue cerca de las 14.00 de ayer cuando atravesó la puerta de salida el preso más ilustre que haya pasado por la prisión de Neumünster, un nombre que pasa automáticamente, y por derecho propio, a formar parte de la memoria colectiva catalana. Con paso tranquilo, traje entallado y sonrisa de satisfacción infinita, al president Carles Puigdemont la alegría le salía por los poros. No es para menos, hace una semana se mentalizaba para una larga estancia en la cárcel.

A Puigdemont le costó maquillar su euforia en la brevísima y más o menos institucional comparecencia que ofreció en alemán e inglés a las puertas del centro penitenciario. Agradeció la ayuda y la solidaridad recibida, el respeto de los internos y de las autoridades de la prisión, exigió la libertad de los presos políticos, consideró que la democracia «corre riesgo» en España y ancló el discurso en el eje democrático: «Nuestra lucha es también por la democracia, no es solo por la autodeterminación, y no es una lucha interna, afecta a todos los ciudadanos europeos».

«Es hora de hacer política, no hay excusa para que las autoridades españolas no se presten a un diálogo que encuentre una solución política», remató Puigdemont ante las decenas de micrófonos y cámaras que esperaban su salida. Posteriormente, y a través de las redes sociales, Junts per Catalunya divulgó un audio de su líder, ya en catalán, dirigido a la parroquia independentista: «El camino es largo pero solo tiene un final posible, nuestra victoria». «Estamos ante un caso político que pide que finalmente el Gobierno español se siente en una mesa de negociación», añadió.

Puigdemont, que hoy ofrecerá una rueda de prensa con mayor tranquilidad, grabó el mensaje camino de Berlín, donde se instalará mientras en el tribunal de Schleswig-Holstein el proceso de extradición, que solo podría darse ya por malversación, sigue su curso.

La pechera orinada de Llarena

El segundo foco del día, por partida doble, se situó en España, donde el sonoro bofetón de la justicia alemana siguió escociendo. Lo hizo en el ámbito político, como recoge Iñaki Iriondo en las siguientes páginas, y lo hizo en el ámbito jurídico, en el que lejos de resignarse, el juez Pablo Llarena parece dispuesto a seguir dando la batalla. Y es que la honra y el prestigio profesional del que se suponía uno de los más importantes juristas del Supremo ha quedado sepultada después de que tres jueces alemanes se orinasen en su pechera. La expresión no es de este escriba, sino de Federico Jiménez Losantos, cuyas palabras –hagamos una excepción– merecen ser recogidas para dar cuenta del calibre del batacazo recibido el jueves por España.

El comentarista ultra llamó «infecto», «miserable», «asqueroso» y «racista» al juez (en realidad fueron tres) que decidió poner en libertad a Puigdemont, y aprovechó para tildar tanto de «nazis» como de «rojos» a los alemanes, entre otras lindezas de las que tomó nota, vía Twitter, hasta la Policía de Múnich.

Al margen de los impotentes exabruptos, y visto que la Fiscalía alemana avanzó ayer que ve muy difícil poder recurrir la decisión de los jueces alemanes, desde el Supremo se filtró la posibilidad de que Llarena presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que los magistrados germanos entraron en el fondo de la cuestión –valorando que no hubo violencia– cuando se debían haber limitado a valorar la forma de la euroorden para darle trámite sin mayores valoraciones. Un recurso incierto que podría hacer mayor la caída de las tesis de Llarena.

A la espera de que se confirme este extremo, el movimiento refleja la delicada situación del magistrado, que tiene que elegir entre retirar la euroorden –y hacer el ridículo– o confiar en que Alemania entregue a Puigdemont al menos por el delito de malversación. En este caso, el agravante comparativo con el resto de acusados de rebelión podría hacer, tarde o temprano, sea en España o en instancias internacionales, que la causa general por rebelión acabe cayendo por su propio peso.

Un relator de la ONU critica la actitud del TS

El delito de rebelión del que se acusa a los dirigentes independentistas sigue sumando críticas de peso. Si el jueves fueron tres jueces de Schleswig-Holstein los que retiraron la acusación al president Carles Puigdemont, al tiempo que la magistrada de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela prefería procesar a la cúpula de Interior por sedición –al no observar la violencia requerida por el delito de rebelión–, ayer fue el Relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión, David Kaye, quien arremetió contra una acusación de rebelión que ve como un grave peligro para la libertad de expresión.

«Las persecuciones por rebelión que pueden conducir a largas condenas de cárcel plantean serios riesgos de limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, aunque los pronunciamientos sean controvertidos e incómodos», apuntó Kaye, que instó a las autoridades judiciales españolas a «abstenerse de perseguir por rebelión figuras políticas y manifestantes» en Catalunya.

Las palabras de Kaye, que insistió en que los sucesos en Catalunya «no implican violencia», fueron recogidas, y por tanto asumidas, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ya ha admitido a trámite las denuncias presentadas por Carles Puigdemont y Jordi Sànchez. Kaye remató su escrito expresando su «esperanza» de que España utilice «herramientas de diálogo y reconciliación» para «fomentar espacios de debate».B.Z.

Torrent abre ronda para nombrar candidato a Sànchez, a quien le siguen sin dar los números

El president del Parlament, Roger Torrent, inició ayer una nueva ronda de contactos con partidos para designar a un nuevo candidato a la investidura. Es la cuarta. En la anterior lo hizo por teléfono por las prisas para nombrar candidato a Jordi Turull, lo que provocó las quejas del unionismo. Ayer también decidió hacerlo por vía telefónica, pero nadie protestó. A la espera de confirmación oficial, se barajaba como opción más probable que Torrent fijase el pleno de investidura para la semana que viene.

Pero para ser investido, Sànchez tiene dos barreras aparentemente infranqueables. La primera es la del Tribunal Supremo, que ya le negó anteriormente el permiso para someterse al debate de investidura. La novedad actual es que Sànchez pedirá el permiso con el aval del Comité de Derechos Humanos de la ONU que, al admitir a trámite su denuncia, reclamó al Estado como medidas cautelares tomar todas las disposiciones necesarias para garantizar los derechos políticos del diputado. Los dictámenes del comité no son vinculantes, por lo que no cabe esperar que el TS cambie su actitud, algo que, en todo caso, reforzará la internacionalización judicial de la persecución a los dirigentes catalanes.

Pero incluso si el TS accediese, Sànchez tendría un segundo obstáculo de envergadura: la aritmética parlamentaria. Ayer, la portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, aseguró que tienen un pacto a tres con ERC y con la CUP para investir al expresidente de la ANC en segunda vuelta, cuando solo sería necesaria una mayoría simple. Sin embargo, el portavoz del grupo parlamentario de la CUP, Carles Riera, apenas tardó dos horas en desmentir este extremo y recordar que su candidato sigue siendo Puigdemont. En caso de que la candidatura de Sànchez llegue a votación, los cuatro diputados cuperos se abstendrán.

Esto obliga a volver a recordar las cuentas parlamentarias. JxCat y ERC suman 66 diputados, frente a los 65 que tienen Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y PP. Esto bastaría para una investidura en segunda vuelta, pero como ya se sabe, Puigdemont y Toni Comín siguen manteniendo su acta de diputado en el exilio. El jueves, desde la cárcel de Neumünster, el president delegó por primera vez su voto, aunque está por ver que la Mesa del Parlament mantenga esa delegación con Puigdemont en libertad. En cualquier caso, sin el voto de Comín, la votación quedaría en un empate a 65, por lo que la renuncia del exconseller de Sanitat se hace indispensable para la improbable investidura en segunda vuelta.

La previsible renuncia de Sànchez debía abrir, se suponía, el paso a la candidatura definitiva y efectiva, según habían acordado JxCat y ERC. Sin embargo, la liberación de Puigdemont lo cambia todo: su candidatura está de nuevo encima de la mesa. Lo único que no cambia es la fecha tope para investir un president: 22 de mayo.B.Z.