Así lo ha afirmado en comisión parlamentaria, donde comparecía a petición de UPN para informar sobre las decisiones que va a adoptar el Gobierno de Nafarroa tras la inadmisión de dicho recurso de casación.

Solana, que ha asegurado que ya se ha reunido con las 108 personas afectadas, ha anunciado que si el Tribunal Supremo español no acepta las medidas establecidas por el Ejecutivo navarro, «se estudiará interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional».

Según ha explicado, estas medidas consisten en la solicitud de un complemento de auto para que el Supremo se pronuncie sobre tres argumentos invocados por el Gobierno en su recurso de casación y a los que el Tribunal no había aludido en su sentencia.

«Igualmente, el Gobierno de Navarra ha interpuesto recurso de reposición frente a la diligencia en la que el Tribunal Supremo ordenó la devolución de actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, pues entendemos que el auto no ha adquirido firmeza y que el Tribunal Supremo tiene que pronunciarse sobre el complemento solicitado», ha manifestado.

Asimismo, se ha interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones frente al auto del Supremo al considerar que también existe una«"falta de fundamentación», pues el tribunal basó su argumentación en el Decreto Foral que regula el uso del euskara en la Administración, una norma «posterior a la OPE impugnada».

«Dado que el Gobierno de Navarra está dispuesto a hacer todo lo posible, si el Supremo no acepta lo anterior se estudiará asimismo interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional», ha subrayado.

Por otro lado, ha advertido que «lo que AFAPNA recurre en 2016 es un hecho que venía repitiéndose en todos los procesos durante años de anteriores gobiernos». «Era un proceso que siempre se había seguido, de no definir plazas en cuanto a especialidad e idioma», ha destacado.

Además, ha remarcado que, «curiosamente, solo recurren las plazas de euskera a pesar de que las de castellano habían sido convocadas de la misma manera», sin haber definido ni especialidad ni idioma.

Por todo ello, ha asegurado que en posteriores ofertas públicas de empleo, el Gobierno de Nafarroa «ha procedido definiendo previamente la especialidad y el idioma de las plazas de los distintos cuerpos a convocar».

«Podemos decir que el procedimiento que se ha seguido para la OPE que tendrá lugar en oposición este junio ha sido distinto al de procesos anteriores», ha zanjado.

Por UPN, Alberto Catalán ha pedido la dimisión de la consejera, tras denunciar la ausencia de «autocrítica» y lamentar que Solana «ha perdido una magnífica oportunidad para pedir perdón por lo mal que lo han hecho».

Catalán, que ha mostrado su «solidaridad» con las personas afectadas, ha criticado la «irresponsabilidad del Gobierno a la hora de afrontar esta situación».

En nombre de Geroa Bai, Consuelo Satrústegui ha considerado que si son «legales» las plazas de castellano, «legales son las otras también».

La parlamentaria Miren Aranoa, de EH Bildu, ha destacado que «todo este sinsentido parte de un error del departamento», como es »dar por bueno el procedimiento usado por gobiernos anteriores de UPN».

«Nada de lo que ha hecho UPN en Educación en las pasadas legislaturas debe darse por bueno automáticamente y repetir lo que había -ha advertido-, todo hay que revisarlo».

Por el PSN, Carlos Gimeno ha criticado la actitud de la consejera al «justificar una chapuza» argumentando que «antes se hacía otra chapuza».

Javier García, PP, ha indicado que «roza el ridículo» tanto la actitud de los portavoces que «defienden esta irresponsabilidad», como el mantenimiento de Solana como consejera del departamento.

«Es ridículo también el empeño que tiene el Gobierno en seguir erre que erre presentando una serie de recursos», ha añadido, tras apuntar que el Ejecutivo debería «acatar la decisión judicial» y pedir la dimisión de la consejera «por la deriva a la que está llevando» la educación de Nafarroa.

Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que «hay una responsabilidad del departamento que no se puede obviar, independientemente de que viniera de atrás».

«Esta situación no exime de responsabilidad al Departamento de Educación ni al sindicato AFAPNA, que podía haber utilizado otros procedimientos en lugar de este», ha aseverado De Simón, que ha subrayado que tampoco están libres de culpa los gobiernos de años anteriores.