El 28 de julio de 2005 Séanna Breathnach apareció ante el mundo con el rostro descubierto y anunció el fin de la campaña armada del IRA, instando a sus voluntarios a ejercer su actividad a través de medios exclusivamente pacíficos. Fue un pronunciamiento sobrio, como el documento que en setiembre de 2008 expuso que el IRA ya no existía como organización estructurada. Habían transcurrido 10 años desde el acuerdo de Viernes Santo.

Precisamente, se acaba de conmemorar el vigésimo aniversario de aquel hito, que encaminó el conflicto irlandés hacia parámetros de confrontación democrática y no armada. No fueron pocos los obstáculos que tuvo que sortear, y la actual crisis institucional, con el Ejecutivo autónomo suspendido desde 2017, muestra que aún queda mucho por recorrer. Pero basta pasear ahora por Belfast para constatar que aquel fue un camino de no retorno.

El acuerdo disponía, entre otros puntos, que el estatus del norte de Irlanda estaría determinado por el pronunciamiento democrático de la población norirlandesa y la de la República de Irlanda; la transformación de la RUC (Policía sectaria) en un servicio de policía civil; el reconocimiento del idioma irlandés en los seis condados; la introducción de medidas para favorecer la igualdad de oportunidades en la administración pública; y el reconocimiento del derecho de los habitantes del norte a identificarse y ser aceptados como británicos, irlandeses o las dos cosas a su elección, junto al derecho a mantener ambas nacionalidades.

Una percha lo suficientemente sólida para que una gran mayoría lo aprobara en referéndum, tanto al norte como al sur de la frontera impuesta. En los seis condados bajo dominio británico la participación fue del 81%, con un 71% de los votos favorables al «sí». Entre los contrarios, buena parte pertenecían al unionismo más recalcitrante, comandado por Ian Paisley. Pero en función del acuerdo y gracias a la paciencia mostrada entonces por los líderes de Sinn Féin, ambas formaciones tuvieron que compartir gobierno, con Paisley y Martin McGuinness como caras visibles. Curiosamente, la sintonía surgida entre ambos fue uno de los lubricantes que permitieron que aquel engranaje funcionara correctamente.

El acuerdo de Viernes Santo no era el que hubiera redactado el movimiento republicano, «pero entendimos que era un paso más hacia el fin de la ocupación». Así lo explicó el año pasado el propio Breathnach (21 años encarcelado, amigo y compañero de Bobby Sands) en una visita realizada a Euskal Herria.

Todo aquello fue posible porque ambas partes vieron elementos positivos en el acuerdo, un ejemplo de estrategia win-win. Los británicos, porque quitaban la actividad del IRA de la ecuación cuando el unionismo aún era mayoritario; y los republicanos, porque se aceptaba el derecho a conformar una Irlanda unida si lo decidía una mayoría. La confrontación sería sólo política y ahí cada parte tenía sus bazas.

En nuestro país esto no ha sido posible. ¿Por qué? Pues porque una estrategia win-win es imposible desde las coordenadas españolas. Por un lado, porque los poderes del Estado no están dispuestos a aceptar nada que la otra parte pueda exponer como positiva, y sobre todo, porque no ven posible extraer nada positivo para ellos de un escenario político donde todo se dirima por cauces democráticos.

«Ahora es el Estado en que está en la estrategia de ‘resistir es vencer’, el que tiene interés en mantener la situación bloqueada», exponía Arnaldo Otegi en una entrevista realizada en 2009 en el Kursaal. El dirigente abertzale ya exponía hace más de nueve años las claves de todo lo que iba a acontecer en nuestro país. En respuesta a Carmen Lira, directora de “La Jornada”, valoraba que «hay que mantener la confrontación con el Estado en el terreno en que nosotros somos más fuertes y el Estado es más débil: en el terreno de los argumentos políticos». Y esa misma lectura explica la actuación del Estado en todos estos años, en los que ha intentado por todos los medios embarrar el campo; con detenciones, a través de la política penitenciaria, obstaculizando el desarme de ETA –algo inconcebible en cualquier otro escenario– y cegando todas las vías para el diálogo. De hecho, lo ocurrido en Catalunya demuestra, efectivamente, que el dirigente abertzale tenía razón, la debilidad española en el terreno de la confrontación democrática.

En aquella entrevista colectiva, Otegi advertía de que «hay una etapa en el proceso de liberación nacional que ha concluido» y fijaba posición: «Frente al debate ‘lucha armada sí o no’, yo me planteo otro debate: cómo ganar».

En Irlanda ambas partes se veían con opciones de vencer en un escenario sin violencia. Veinte años después, el pulso se mantiene en los mismos cauces. En Colombia, sin embargo, apenas acaban de empezar y se adivina un camino farragoso. Lo cierto es que la oposición al acuerdo en el país caribeño, con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, es mayor que en el caso irlandés, y la actuación paramilitar no cesa. Pero precisamente por eso, es encomiable el esfuerzo llevado a cabo por el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y los dirigentes del principal grupo insurgente de América.

En este sentido, es conocido que en 2012 ETA remitió a las FARC una carta donde explicaba el proceso vasco y ponía en valor la unilateralidad, la confianza en el propio pueblo y la aportación de la comunidad internacional. «Merece la pena arriesgar», consideraba la organización vasca, y aun con todos sus riesgos y prevenciones, el abrazo emocionado entre Santos y Timochenko en la firma de la paz en 2016 indica que la guerrilla también lo creyó.

En Irlanda y en Colombia consideraron que la mejor salida era alcanzar un acuerdo que fuera beneficioso para todas las partes; por contra, los mandatarios españoles insisten en buscar «vencedores y vencidos». Por eso en Euskal Herria algunos han optado por arriesgar como único camino posible para ganar.