Ambas han destacado que desde el primer momento se magnificó lo sucedido el 15 de octubre de 2016, que fueron similares a 9.571 casos que se registraron ese año en Estado español, ninguno de los cuales fue calificado como «terrorismo».

«Desde el primer instante, estamentos de poder con la ayuda de grandes medios de comunicación han magnificado los acontecimientos de aquella desgraciada madrugada y han ido construyendo artificiosamente un relato interesado y no ajustado a la verdad para convertirlo en un caso de terrorismo», han destacado.

Frente a ello, han subrayado el valor de la solidaridad que han recibido tanto en Nafarroa como en la Península, que culminó con la manifestación en Iruñea del 14 de abril.

Han destacado que en las once sesiones del juicio que ha tenido lugar en la Audiencia Nacional española se ha desmontado la acusación de «terrorismo». «Los testimonios y las pruebas objetivas como el vídeo de instantes inmediatos a los hechos y los partes médicos y las periciales médicas han demostrado que estamos ante un encontronazo espontáneo en un ambiente festivo a altas horas de la madrugada con personas ebrias y con unas lesiones que no son graves según el Código Penal», han señalado.

«A lo largo del juicio se han observado múltiples irregularidades y contradicciones en las declaraciones de los denunciantes. El atestado recoge frases no dichas y no firmadas por el testigo; la tumultuosa y masiva participación en el denominado túnel de la muerte se ve imposible dada la limitada capacidad de dos metros cuadrados del espacio donde se sitúa; la camisa impoluta que se observa en el vídeo no coincide con lo manifestado por las acusaciones; la obstinación de inculpar a determinado joven cuando existen pruebas fotográficas y un vídeo que demuestran que vestía claramente de otro color a lo testificado; el hecho de que en el vídeo se observe que el sargento pase delante y mantenga contacto visual con tres imputados sin reconocerlos cuando estaba buscando a supuestos agresores; el hecho de que el informe sobre Ospa de 25 folios donde ya se identificaba a algunos de nuestros hijos se presentara en la causa ocho horas antes de la recepción de las denuncias; las irregularidades legales en las ruedas de reconocimiento; la paradoja de que los reconocimientos fotográficos dan como resultado identificaciones positivas con fotos del carnet de identidad de hace cinco años e identificaciones negativas con fotos recientes», han recordado.

Por ello, han subrayado que «no debería ser necesario recordarlo, pero constituye un derecho fundamental de todas personas la presunción de inocencia y recae en las acusaciones demostrar más allá de la duda razonable la culpabilidad de las personas imputadas».

«Desde un principio se han vulnerado derechos fundamentales y gracias a la insistencia y el buen hacer de las defensas se ha podido corregir en parte con la admisión de pruebas determinantes», han denunciado.

Ronda con agentes y concentración

Han pedido la libertad de los tres jóvenes que llevan 542 días en prisión provisional y han recordado el coste personal y económico que ha tenido este caso, que han cifrado en 285.806 kilómetros recorridos y 96.200 euros en viajes.

Los padres y madres de los jóvenes de Altsasu han anunciado que iniciarán en las siguientes semanas una ronda con agentes institucionales. políticos, soclaies, sindicales y culturales y han convocado una concentración el 25 de mayo a las 12.00 frente a la sede del Parlamento navarro.