La Ley tiene por objeto «fomentar el máximo grado de transparencia y buen hacer en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas o actuaciones administrativas» mediante la «detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción y demás prácticas fraudulentas en el seno de las administraciones públicas y las entidades participadas por estas».

Para «garantizar la participación ciudadana en el control eficaz de las instituciones y asegurar la rendición de cuentas de los responsables políticos ante la sociedad», se crea la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, un órgano específico encargado de «evitar el menoscabo moral de las instituciones, el empobrecimiento económico de la Hacienda Foral y la pérdida de calidad en los servicios públicos».

La oficina, que ejercerá sus funciones sin perjuicio de las demás instituciones de control y fiscalización navarras, se encargará de gestionar el Registro de Actividades e Intereses de altos cargos y electos públicos, y deberá abordar en el plazo de un año la creación de un nuevo Código Ético y de Conducta «llamado a regir el comportamiento» de los miembros de las Administraciones.

Entre las funciones de prevención de la oficina, destaca la creación de una guía de buenas prácticas y la realización de tareas de asesoramiento, elaboración de informes y formulación de propuestas, incluidas modificaciones normativas.

En cuanto a las labores de investigación, la oficina, que colaborará con el Parlamento siempre que así se requiera, podrá indagar en torno a cualquier conducta irregular. A tal fin, se habilitará un buzón destinado a recibir quejas, denuncias o sugerencias de la ciudadanía.

La entidad estará regida por un director, que será el encargado de aplicar el régimen sancionador, que consigna infracciones leves (prescriben a los seis meses), graves (a los dos años) o muy graves (a los tres años) y sanciones de entre 2.000 y 60.000 euros.

También con las abstenciones de UPN y PPN se ha aprobado la modificación de la Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Nafarroa y de los altos cargos de la Administración del herrialde.

Esta reforma tiene por objeto desarrollar la gestión del Registro de actividades e intereses de altos cargos a cargo de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción del herrialde.

Cada seis meses, la oficina remitirá al Parlamento información sobre el grado de cumplimiento por parte de los altos cargos de sus obligaciones de declarar, así como una relación de las infracciones cometidas y las sanciones impuestas.

Junto con la declaración patrimonial, el alto cargo dará su autorización para que la oficina pueda solicitar a las entidades bancarias un certificado de los saldos de sus cuentas corrientes declaradas en dichas fechas.

Aunque se ha mostrado favorable a crear un organismo que luche contra la corrupción, Sergio Sayas, UPN, ha justificado la abstención de los regionalistas afirmando que «es la prevención de lo que se debería ocupar en exclusiva esta oficina».

Tras criticar la forma de elección del director de la entidad (serían suficientes los votos del cuatripartito) y su posible falta de independencia, ha discrepado de las sanciones previstas.

A pesar de que «es absolutamente injustificable que no se exija la dimisión inmediata» del consejero Laparra por haber publicado el nombre de una empresa en el procedimiento de licitación de un contrato público, ha indicado que no se opondrán a la creación de la mencionada oficina.

Patxi Leuza, de Geroa Bai, ha apoyado la creación del organismo porque «promueve medidas para prevenir, investigar y combatir la corrupción», además de «fomentar las buenas prácticas».

En la misma línea se ha mostrado la parlamentaria de EH Bildu Arantxa Izurdiaga, que ha considerado que la oficina será un «mecanismo de control absolutamente necesario» para avanzar hacia un modelo «donde no tengan cabida las malas prácticas, donde no se primen los intereses particulares por encima del interés general, y se descarte el clientelismo, la opacidad y la corrupción».

También Rubén Velasco, de Podemos-Ahal Dugu, ha indicado que esta norma «es un avance importante» y que «va a servir para algo más que para elaborar informes anuales».

Inma Jurío, PSN, que ha manifestado que supondrá «un paso adelante», ha advertido que «solamente con leyes no se consigue evitar el fraude y la corrupción». «Lo importante es crear una educación de ética en el funcionamiento público», ha dicho.

Javier García, PP, se ha abstenido por no estar de acuerdo con las sanciones contempladas, mientras que Marisa de Simón, de IE, ha destacado que «esta ley va a avanzar en la buena gestión de los fondos públicos» y «evitar perjuicios para la ciudadanía».