Así lo han manifestado en conferencia de prensa las responsables de género de este sindicato, María Balda y Leire Txakartegi, quienes han avanzado que el documento se hará llegar al Gobierno y también se explicará en una comparecencia en el Parlamento navarro, aunque han avanzado que una de las «claves» de la brecha salarial está en la diferente valoración de los trabajos, minusvalorados los más feminizados y por ello peor pagados y con más precarias condiciones.

María Balda ha expuesto la «gravedad» de una situación que constata que en Nafarroa las mujeres ganan 8.164 euros menos al año que los hombres (28,41 %), un «problema político» cuyo origen está «en la propia organización del sistema capitalista y heteropatriarcal y el injusto reparto del trabajo».

Al respecto, ha advertido de que fundamentalmente son las mujeres quienes asumen los trabajos de cuidados, que no son reconocidos ni social ni económicamente, ya que a los menores salarios se suma una mayor precariedad en los contratos (más contratos eventuales y jornadas parciales), y una minusvaloración de las tareas que vinculan a los hombres las categorías con más pluses, así como el predominio masculino en los puestos más altos.

Las reformas laborales de los últimos años «han empeorado las condiciones de todos los trabajadores, pero especialmente las de las mujeres», ha asegurado para lamentar especialmente el deterioro facilitado por las subcontratas y por la estatalización de la negociación colectiva.

Con todo ello, Txakartegi ha resumido las 25 propuestas de ELA, que en la línea de la demanda social evidenciada en el último 8 de marzo, trasladarán al Gobierno de Nafarroa para su puesta en marcha, que abogan por unos presupuestos y políticas públicas «feministas», y también por la reducción de la precariedad laboral que afecta especialmente a las mujeres.

En la Administración, han instado a implantar medidas de conciliación adecuadas, horarios flexibles, equiparación de permisos de paternidad y maternidad, un salario mínimo de 1.200 euros, garantía de condiciones iguales en trabajos comparables y aplicación de la recientemente aprobada Ley de Contratos Públicos.

Además, han abogado por el reconocimiento de los cuidados a dependientes como un servicio público «de calidad, gratuito y universal», y han lamentado que el Parlamento no haya admitido la ILP impulsada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria que regulaba un sistema público de protección social de calidad, con el aumento de la Renta Garantizada y otras mejoras como la de garantizar el derecho a la vivienda.