Según el fallo del juez Miguel Vázquez, ocho de los militares, identificados como Hugo Sánchez, Raúl Jofré, Edwin Dimteri, Nelson Haase, Ernesto Bethke, Juan Jara, Hernán Chacón y Patricio Vásquez, han sido condenados a penas de 15 años y un día en calidad de autores de los homicidios.

Además, han sido sentenciados a tres años de presidio, como autores del delito de secuestro simple de ambas víctimas, según la información entregada por el Poder Judicial.

En tanto, el oficial Rolando Melo deberá purgar 5 años y un día de presidio como encubridor de los homicidios y 61 días como encubridor de los secuestros.

En el aspecto civil, se ha condenado al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 1.370 millones de pesos (alrededor de 1,8 millones de euros) a familiares de las víctimas.

Conforme a las investigaciones ordenadas por el magistrado, se estableció que ambas víctimas fueron detenidas entre el 11 y 12 de setiembre de 1973 y trasladadas al Estadio Chile, donde fueron torturados por los militares.

El 15 de septiembre, todos los detenidos que se encontraban en ese recinto fueron sacados del lugar y llevados al Estadio Nacional, pero los militares dejaron a Jara y Quiroga en el lugar, donde fueron ejecutados.

A Jara, a quien los militares le habían triturado los dedos con las culatas de sus fusiles, le dispararon 44 veces, mientras que Quiroga recibió 23 impactos de bala.

Acto seguido, los cuerpos de Jara y Quiroga fueron sacados del Estadio Chile y lanzados en la vía pública, junto a los cadáveres de otras personas de identidad desconocida, ejecutadas igualmente a balazos.

Todos ellos fueron encontrados el 16 de setiembre de 1973 por pobladores en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en la capital chilena, en un terreno baldío cercano a la línea férrea, que luego de limpiarles sus rostros reconocieron al artista y al entonces director de prisiones.

Durante la dictadura de Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.