Desde que, en setiembre de 2015, estallara el “dieselgate” –el caso de los motores trucados por los grandes fabricantes alemanes, no solo por Volkswagen, para engañar sobre las emisiones reales de gases contaminantes de sus automóviles– se han encendido muchas alarmas sobre los efectos nocivos sobre la salud humana de este tipo de motores. Alarmas que, en muchos casos, van acompañadas de pronósticos que ponen una fecha de caducidad muy próxima para los motores que utilizan gasóleo como combustible.

En este contexto, el Real Automóvil Club Vasco Navarro hizo públicas ayer unas reflexiones señalando que «no comparte» las medidas propuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez respecto al diésel. En opinión de esta entidad –que cuenta con más de 23.000 personas asociadas–, hablar de prohibir los vehículos diésel en 2025 en el Estado español «resulta utópico e inviable», y aumentar los impuestos al gasóleo «incidirá negativamente en las economías domésticas más vulnerables».

«En el RACVN compartimos el compromiso por reducir las emisiones y avanzar hacia coches menos contaminantes, pero discrepamos con las formas planteadas», precisaron sus responsables. Frente a «medidas restrictivas», abogan por renovar el parque de automóviles a través de nuevos planes PIVE y del fomento de la investigación (I+D+i) en el sector.

Evolución a tener en cuenta

El RACVN se hace eco de las recientes declaraciones de la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que remarcó que «el diésel tiene los días contados» y abogó por penalizar fiscalmente a los propietarios y usuarios de estos vehículos a través de la subida de impuestos en el carburante. Declaraciones que califican de «polémicas» y que «han generado el rechazo de las asociaciones de concesionarios y talleres, de fabricantes y de asociaciones automovilistas».

Como se recoge en la nota comentada, el Gobierno del PSOE no está solo en esta posición; por ejemplo, la consultora internacional Oliver Wyman augura que «el motor diésel quedará prohibido en España en 2025».

Por su parte, el RAC considera que «los automóviles ya están lo suficientemente grabados» y que estas propuestas «generan alarma social e incertidumbre», afectando «de manera negativa a la economía del país y a las economías domésticas». Y destaca que «los distintos entes públicos siguen adquiriendo vehículos diésel para renovar sus flotas a través de la compra directa, renting o leasing».

Uno de los puntos en los que profundiza es que se «generaliza» la crítica sobre los motores diésel, sin diferenciarlos, cuando «han evolucionado de una manera espectacular durante los últimos años». El RAC asume que «es verdad que los automóviles antiguos de más de 15 años son especialmente contaminantes y ‘obsoletos’ en materia de eficiencia y contaminación».

Pero añade que «el desarrollo de la tecnología y las motorizaciones diésel en los últimos años han permitido que los vehículos de gasóleo con pocos años y los que se venden en la actualidad tengan los mismos límites de emisiones, o incluso menores, que los motores de gasolina, a excepción de los óxidos de nitrógeno (NOx), en los que las emisiones pueden ser ligeramente superiores, de en torno a 0,02 gramos por kilómetro». Al mismo tiempo, indica que los motores diésel expulsan una cantidad menor de otros gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2).

Soluciones «viables»

Partiendo de la tesis de que en un futuro próximo el automóvil particular y su uso serán «tan necesarios o más que en la actualidad», y marcándose como reto el horizonte de cero emisiones, el RAC Vasco Navarro plantea una serie de «soluciones constructivas y viables para una transición hacia un vehículo cada vez menos contaminante».

Al abogar por «reactivar los PIVE», recuerda que, además de fomentar la renovación del parque automovilístico con vehículos menos contaminantes, estos planes han supuesto «ingresos extra a las arcas públicas» y «la generación de puestos de trabajo en momentos difíciles».

En todo caso, el RAC entiende que, «si la apuesta por retirar los vehículos diésel es decidida», no se debe prohibir el uso de los vehículos ya existentes, sino «fijar plazos asumibles para que los fabricantes de automóviles dejen de fabricar este tipo de motorizaciones». Y, solo en esta hipótesis, considera que la fecha de 2025 «quizás» no sea un objetivo tan inviable.