La anulación de la ley navarra tiene un impacto tremendo –sal en la herida– sobre las numerosas víctimas de violencia policial y parapolicial de estas últimas décadas, que saldrán mañana a la palestra, pero además genera un efecto perverso sobre el debate público del tema, el famoso relato. No hay más que ver qué rápido ha cogido el guante el ínclito presidente del PP, Pablo Casado, proclamando en el centro de Gasteiz, la ciudad que aún se duele de los cinco trabajadores acribillados por los grises el 3 de Marzo de 1976, que «en España no ha habido abusos policiales». Negacionismo en estado puro, práctica castigada en otros países (donde, siendo tan papistas como el Constitucional, tampoco cada crimen está certificado judicialmente), pero que es pan de cada día en Euskal Herria.

Casado no sorprende a nadie, pero sí extraña –siguiendo con los efectos perversos del TC– la efusividad con que el lehendakari de la CAV ha saludado la disposición del Gobierno español a retirar el recurso del anterior: «Es muy buena noticia porque va a permitir reconocer y reparar ya a todas las víctimas», afirmó el viernes. Muy seguro debe estar Iñigo Urkullu de lo que dice cuando lo único que decidió el Consejo de Ministros horas antes, antes de cerrar por vacaciones, fue instar al presidente a abandonar el litigio.

Como explicó en estas páginas Iñaki Iriondo, lo que el Ejecutivo Sánchez pretende es forzar al Parlamento de Gasteiz a que apruebe los «retoques» pactados por los gobiernos de Lakua y Madrid (y que solo ellos conocen de momento) antes de retirar el recurso. Pero, aparte de lo obsceno de ocultar a la opinión pública esos cambios, el parón suena a exceso de confianza. ¿Quién garantiza a Urkullu, o al propio Sánchez, que un TC que ninguno de los dos controla no se cargará la ley de la CAV como ha hecho con la navarra, aprovechando que el recurso aún está vivo?