La administradora concursal de Unipost da cuenta de la anulación de esas cinco facturas en un informe que ha remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, encargado de investigar los preparativos del 1-O. En vísperas del referéndum, la Guardia Civil intervino miles de sobres con notificaciones a los miembros de las mesas, una intervención en la que también fue detenido el ex director general de la compañia, Pau Reventós, quien ya declaró ante el juez que no recibió ni un euro de la Generalitat.

El magistrado sospechaba Unipost facturó 979.661 euros a la Generalitat por repartir cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales del 1-O y 5,3 millones de tarjetas censales y que, para «simular» la operación, dividió los pagos en cinco facturas giradas a las consellerías de Presidencia, Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Cultura, con las que desde 2016 mantenía un contrato marco por servicios de envío postal.

La administradora concursal ha aclarado ahora que esas facturas fueron giradas a la Generalitat el 7 de setiembre del año pasado y, el mismo día, anuladas, con lo que, precisa, «no figuran como cobradas, ni compensadas ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación».

Una pata de la acusación se derrumba

Esas cinco facturas por servicios postales constituyen una de las principales partidas de los 3,2 millones de euros que el juez sospecha que el Gobierno catalán gastó para la organización del referéndum.

Teniendo en cuenta varios informes de la Guardia Civil, el juez considera que la Generalitat destinó otro millón de euros a las campañas publicitarias del 1-O, actividades de buzoneo directo, el proyecto para recabar a voluntarios y los pagos de los observadores internacionales y gastos del Diplocat. A esas cantidades se añadirían, según el magistrado, 1,2 millones de euros que se gastaron en las obras de reforma de la sede del CTTI.