
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a este decreto, que crea módulos específicos para los casos de violencia de género de especial complejidad, además de incrementar un 2% los baremos vigentes de retribución de abogados y procuradores inscritos en el turno de oficio, que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa son 2.700: 2.400 letrados y 300 procuradores.
El texto, que cuenta con el consenso de los colegios profesionales de la abogacía y de la procura, adapta asimismo las novedades legislativas existentes y simplifica los trámites administrativos.
La consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, ha explicado que este decreto tiene por objeto regular el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva con independencia a los recursos económicos.
A partir del 1 de enero
La consejera ha explicado que el decreto entrará en vigor el 1 de enero, con efectos económicos del pasado 1 de octubre. Según San José, se trata de alcanzar la «máxima eficiencia en la gestión» de un servicio que el pasado año fue utilizado por 21.564 personas.
La consejera ha indicado también que los profesionales del turno de violencia de género realizaron el pasado año 4.150 asistencias, y ha precisado que en el decreto se ha creado un módulo especial para estos casos con la inclusión de los procedimientos penal ordinario y especial, y con un tratamiento económico diferenciado, ya que se ha producido un incremento de un 10% en la asistencia jurídica gratuita en este ámbito.
San José ha añadido asimismo que hay un compromiso con los colegios profesionales para desarrollar una oficina virtual para que las personas puedan hacer su solicitud de asistencia jurídica gratuita.
El Gobierno Vasco ha destinado en 2018 un total de 14,6 millones de euros a la asistencia jurídica gratuita y en el proyecto de presupuestos de 2019 se contempla un incremento del 3,4%, es decir, «medio millón de euros que elevará la partida total por encima de los 15 millones de euros».

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