El abogado Iñaki Irizar ha destacado que «dado lo mediático de asunto» y ante unos padres «que exigen justicia, con todo el derecho del mundo», él ya se temía que se querría buscar «a una persona a la que imputarle el delito y condenarle. Era evidente que a los otros acusados, en base al oscurantismo y a que, cuando son muchos, no es ninguno, era complicado (que les condenasen)», ha apuntado en declaraciones a Europa Press.

En cuanto a su defendido, el único ertzaina condenado, ha manifestado que, «desde el principio, le asignaron la responsabilidad absolutamente irreal de la zona y de todas las furgonetas que por ahí se movieran» en el lugar de los hechos, por lo que, «si había alguien condenado por algún tipo de omisión» iba a ser él.

«Era mi miedo», ha indicado, para denunciar que su cliente «ha sido la víctima propiciatoria» o el «chivo expiatorio, en alguna medida». «Casualmente, tanto el Departamento de Interior como la acusación, en este caso, han coincidido en el planteamiento. Y no solo eso, sino que incluso los sindicatos policiales también se muestran satisfechos y contentos con la sentencia», ha apuntado.

Según ha explicado, lo que le causa «más estupor» es que se le acuse al oficial de «no haber parado» la carga policial en el callejón de María Díaz de Haro, cuando él «no la puso en funcionamiento», mientras que otros «sí estuvieron en funcionamiento».

Además, ha recordado que las armas se limpiaron tras usarla, lo que «demuestra una praxis policial bastante pobre y criticable». «Ni siquiera se abrió una investigación real a nivel de Departamento de Interior. Evidentemente, visto lo visto, no interesaba una investigación real. Hay una actuación desmesurada, lo ha dicho siempre mi defendido en todo momento, hubo una actuación innecesaria», ha insistido.

También ha opinado que ‘Ugarteko’ –jefe del operativo de la Ertzaintza en la noche del 5 de abril de 2012– «podría haberse asesorado y haber comprobado que no era necesario ir allí, porque ya ni había ya nadie ni nada, pero las prisas o los deseos le llevaron» a dar la orden de «entrar con todo».

«Decir, después, que mi cliente, que estaba allí, que no mandó parar, es que porque no ha estado en una manifestación, no ha visto a la Policía actuando uno aquí y otro allá, y que es imposible pararlo», ha asegurado.

«Se cubría (‘Ugarteko’) diciendo que había un herido. Si hubiera usted llamado a quien debía, habría visto que no había un herido, que lo ocasionaron ustedes, con funestas consecuencias, irreparables consecuencias», ha aseverado.

Podría no recurrir

Irizar ha apuntado que su cliente no está «muy motivado» para recurrir ante el Tribunal Supremo, «quizá por el momento en que se encuentra», ya que motivos para impugnarlo, a su juicio, existen porque «la Sala no entra en cuestiones fundamentales, en cuál era en aquella época el protocolo de la Ertzaintza que autorizaba a disparar pelotas de goma desde la distancia a la que, al parecer, a Iñigo se le provocó la muerte».

«Por tanto, si se estaba autorizado a disparar desde ahí, difícilmente puede nadie pensar que se va a causar la muerte. Nadie quería ni pretendía causar la muerte. Lo que sí ha mantenido mi cliente es que alguien pretendía causar daño o algún tipo de escarmiento a cierta parte de la sociedad», ha apuntado, en referencia a la izquierda abertzale.

Para el abogado, «con ese planteamiento o pensamiento que, al parecer, siguen manteniendo los sindicatos», la juventud vasca va a seguir «no cayéndole demasiado bien» a la Ertzaintza, y al revés. «Si esa es una forma de hacer entender a una parte de la sociedad que la Policía en las sociedades democráticas es necesaria, es triste forma de hacérselo ver», ha criticado.

Ha explicado que Juan José de Pablo, ya retirado, perdió a su mujer en diciembre del año pasado, «de una enfermedad muy cortita, en plena instrucción de la causa, se ha quedado con un chaval de 16 años y no quiere seguir alargando el sufrimiento que él está pasando».

Le ha transmitido al abogado que «tampoco cree que los padres de Iñigo se merezcan estar pendientes de un procedimiento judicial, y pensando un poquito en todo, cree que es mejor terminar todo». 

Lo que sí teme su defendido, según ha apuntado, es que pueda tener que entrar en prisión, ya que, aunque se ha dicho que con una condena de dos años no ingresaría en la cárcel, esto «es potestad de la Sala» y depende de los informes de las partes. «Es un riesgo que tienes ahí, y hay que mirarlo y estudiarlo antes de tomar una decisión en un sentido o en otro», ha concluido.