El auto, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia alavesa, desestima el recurso de la Fiscalía frente a la decisión inicial de sobreseer la causa y proceder a su archivo.

La resolución de la Audiencia, contra la que no cabe recurso, constata que «no hay indicios suficientes de que la persona investigada haya perpetrado» alguno de los delitos que le imputaba la Fiscalía –prevaricación, malversación de caudales públicos o administración desleal–.

El auto analiza dos actuaciones llevadas a cabo por Sánchez Alegría en 2009, cuando era presidente de la Red de Parques Tecnológicos de la CAV, en relación a Epsilon, un fallido proyecto automovilístico que recibió cerca de 50 millones de euros en ayudas públicas.

En concreto, el juez se refiere a la decisión de Sánchez Alegría de firmar un compromiso de participación en ejecuciones hipotecarias, asumido por el Parque Tecnológico de Araba, y a la cesión de rango de hipoteca constituida por Epsilon sobre una parcela.

En la resolución de la Audiencia se señala que el Ministerio Público no ha acreditado que tales actos jurídicos, que obligaron al Gobierno de Lakua a abonar 16 millones de euros a los acreedores de Epsilon, «supusieran la concesión de algún tipo de aval o fianza».

La Audiencia recuerda que el objeto social del Parque Tecnológico de Araba (PTA), ubicado en Miñao, es «estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial».

Daño «no acreditado»

De esa forma considera que «es altamente probable que los responsables del PTA no quisieran garantizar o avalar a Epsilon, sino que simplemente pretendieran llevar a cabo tal objeto social, con independencia del resultado concreto beneficioso o perjudicial que su formalización tuviera».

El auto señala que, en todo caso, «no se ha acreditado, ni tan siquiera (...), que [los supuestos avales] hayan sido dañosos» para el parque. En otro apartado del auto, el juez precisa que, dado que se ha «acreditado» que el edificio de Epsilon que pasó a manos del Gobierno tiene un valor superior al de los 16,4 millones de euros del préstamo facilitado a la fallida empresa, no se puede «constatar ningún tipo de malversación de caudales o efectos públicos».

Tampoco aprecia el tribunal que Sánchez Alegría incurriera en un delito de administración desleal, al considerar que «no existen indicios» de que con sus actuaciones pretendiera destinar caudales públicos «a usos ajenos a la función pública». En el auto se insiste en que las decisiones adoptadas por Sánchez Alegría «sí se encuadraron en la actividad propia» y en el objeto social del PTA.

«Caso Hiriko»

Esta decisión se suma a otra conocida ayer, por la que la Audiencia de Araba acordaba también el sobreseimiento de la causa judicial abierta contra cuatro empresarios acusados por los delitos de malversación, apropiación indebida y fraude de subvenciones como presuntos responsables del fallido proyecto de coche eléctrico Hiriko.

Según señalaba ese auto, los investigados ya han sido debidamente sancionados en la jurisdicción mercantil y «no hay bastantes indicios de delito», por lo que se estimaron parcialmente los recursos de apelación interpuestos por sus abogados y se acordó «el sobreseimiento provisional de la causa».

Los cuatro empresarios, Jesús Echave, Iñigo Antia, José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio, administradores de Afypaida, empresa matriz del coche Hiriko, ya fueron declarados culpables a finales de 2017 por un juzgado de lo Mercantil de Gasteiz de la quiebra de la compañía, que recibió 15,7 millones de ayudas públicas.