De los 23 millones de aval, siete millones se destinarán a cancelar la deuda pendiente de Osasuna y hasta un máximo de 16 millones, a realizar las inversiones necesarias para la reforma y ampliación del estadio de El Sadar, propiedad del Gobierno de Nafarroa.

El aval tendrá un plazo máximo de 15 años incluido, en su caso, el de carencia.

Osasuna garantizará el cumplimiento de sus obligaciones con los ingresos que obtenga por las retransmisiones de televisión gestionadas por la Liga de Fútbol Profesional, en la forma que se determine en el acuerdo de Gobierno de Nafarroa de concesión del aval.

Asimismo, del importe que el club reciba en concepto de derechos de traspaso de jugadores, destinará un 25 % a la amortización anticipada de los préstamos avalados y, por cada temporada que Osasuna esté en Primera, destinará al menos tres millones de euros adicionales a la amortización anticipada.

En todo caso, si las garantías no fueran suficientes, Osasuna responderá del cumplimiento de sus obligaciones con sus bienes futuros.

Para la concesión del aval, se modifica el importe máximo sobre el que el Gobierno de Nafarroa puede otorgar avales, recogido en la ley de Presupuestos para 2019, estableciéndolo en 43 millones de euros, así como el importe máximo de riesgo vivo de avales, hasta los 62 millones de euros.

El Departamento de Hacienda y Política Financiera designará un representante de la Administración en la Comisión de Control Económico prevista en los estatutos del club, que velará por el cumplimiento de las obligaciones reguladas en esta ley, mientras exista el aval.