En la testifical más larga hasta el momento en el juicio al independentismo catalán, el ex secretario de Estado de Seguridad ha asumido la responsabilidad del dispositivo para impedir el 1-O y ha desvelado que tres días antes ofrecieron sin éxito al Govern de Carles Puigdemont que se simulara una votación «en plazas o lugares abiertos», para reconvertirlo en una movilización independentista.

A diferencia del expresidente Mariano Rajoy y del exministro Juan Ignacio Zoido, que se desentendieron del dispositivo policial del 1-O, Nieto ha asumido la responsabilidad última de su puesta en marcha.

Ha negado que hubiese directrices políticas, ni de ninguna otra instancia, para que a partir del mediodía, cuando las imágenes de votantes ensangrentados llenaban los informativos, los agentes dejaran de utilizar la fuerza, como habían hecho hasta entonces sin que «técnicamente» se hubiesen producido cargas.

El exsecretario de Estado de Seguridad habla de una actuación policial «ejemplar» el 1-O y afirma que el uso de la fuerza «fue el mínimo imprescindible». Añade que «técnicamente no hubo cargas»
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Nieto ha denunciado la «ineficacia y ausencia» de los Mossos, ya que a su juicio «no tenían el más mínimo interés» en coordinarse con las Fuerzas de Seguridad de Estado ni en cumplir las órdenes judiciales para impedir el 1-O, por lo que la Policía y la Guardia Civil se quedaron solas ante un «nivel de resistencia mayor» al previsto de los favorables al referéndum, lo que desembocó en algunas situaciones de «violencia».

«Si los Mossos de forma clara y evidente hubieran manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum no se hubiese celebrado, estoy convencido de que se habría desconvocado», ha asegurado Nieto.

En este sentido, ha advertido de que la «alineación» del mayor Josep Lluís Trapero –pendiente de ser juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional– con el Govern era «total», aunque confiaron en que los demás mandos de los Mossos no darían la «espalda» a la orden de impedir el 1-O, si bien ha añadido que «desgraciadamente no fue así».

Nieto ha señalado que las protestas del 20-S supusieron un «punto de inflexión», ya que la ausencia de antidisturbios de los Mossos creó en los concentrados frente a la Consellería de Economía la sensación de que «no había límites». Ha citado el «destrozo» de los vehículos de la Guardia Civil como una muestra «importante» de la «violencia» que a su juicio allí se dio.

En la primera sesión en que no han podido comparecer por falta de tiempo todos los testigos citados –cinco de nueve–, ha intervenido también el presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha defendido la actuación de su antecesora, Carme Forcadell, ya que está convencido de que «no podía hacer otra cosa que admitir a trámite las propuestas» de los grupos «sí o sí».

De haberse encontrado en su misma situación, Torrent ha precisado que hubiese hecho lo mismo porque lo que se trató con las denominadas leyes de desconexión el 6 y 7 de septiembre de 2017 era de permitir que los ciudadanos de Catalunya pudiesen «decidir libremente su futuro» y ha asegurado: «Tengan presente que volveremos a votar».

Roger Torrent:
«Nunca renunciaremos a decidir nuestro futuro»

«Volveremos a votar, volveré a votar»

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Pese a ello, ha reconocido que la Ley de Transitoriedad nunca fue efectiva, sino que pretendía buscar una «solución política», buscar un espacio de diálogo entre el Gobierno español y la Generalitat, crear un «espacio multilateral» en el ámbito de la Unión Europea y dar seguridad a los ciudadanos y de las instituciones catalanas.

Por el contrario, el entonces vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament Jose María Espejo-Saavedra (Cs), ha asegurado que sus compañeros independentistas en este órgano manifestaban que «no tenían por qué hacer caso a las advertencias del Constitucional», ya entendían que el tribunal «no estaba por encima de las mesas de los Parlamentos».

Espejo-Saavedra ha criticado la tramitación «irregular» de las leyes de desconexión por parte de los grupos independentistas, en la que ha dicho que «se decidió suprimir todos los trámites» y se «retorció» el reglamento de la Cámara.

En la misma línea, el entonces secretario segundo de la Mesa David Pérez (PSC) ha resaltado que había una advertencia «severa» por parte del Constitucional para que no tramitaran iniciativas independentistas y ha sostenido que la Mesa lo tendría que haber acatado.

Han corroborado este criterio el ex letrado mayor del Parlament Antonio Bayona y el secretario general Xavier Muro, quienes han sostenido que la Mesa tenía que impedir la tramitación de las iniciativas en los casos en que su contradicción con la ley fuese «palmaria y evidente».