El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido investigar –imputar, se decía antes– al president de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia, algo que podría acabar con una inhabilitación de hasta dos años. Será el magistrado Carlos Ramos el encargado de instruir la causa en el máximo tribunal de Catalunya, debido a la condición de aforado del afectado.

El paso se ha dado después de que el TSJC haya admitido a trámite la querella presentada la semana pasada por el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que considera que Torra desobedeció «consciente y deliberadamente» los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) para retirar los lazos amarillos de todos los edificios de la Generalitat.

Torra sustituyó en un primer momento el lazo amarillo del Palau de la Generalitat por una pancarta con un lazo blanco y el mensaje “libertad presos políticos y exiliados”, algo que la Fiscalía considera que supone mantener «de manera encubierta o simbólica» los lazos amarillos.

Acabo de signar la notificació de la querella per desobediència. Davant d'un estat autoritari, hem decidit viure sense por. Amb la llibertat d'expressió, fins a les últimes conseqüències. pic.twitter.com/uXXDuoCalq

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 2019(e)ko apirilaren 2(a)

Torra ha subido a las redes una imagen suya firmando la notificación judicial. «Acabo de firmar la notificación de la querella por desobediencia. Ante un Estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias», ha escrito.

Tras investigar los hechos –algo que no puede llevar demasiado tiempo–, el TSJC deberá decidir si abre juicio oral contra el president, algo que podría acabar con una inhabilitación de hasta dos años. Existe el precedente de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, que fue condenada a seis meses de inhabilitación por negarse a descolgar la estelada del Ayuntamiento pese a los requerimientos de la Junta Electoral.