La campaña electoral para renovar las Cortes del Estado español avanza sin sorpresas, con una crispación coherente con el nivel de discurso que se viene oyendo desde la moción de censura. Pero donde sí habrá sorpresas, o al menos notorios cambios, será en el futuro Congreso que investirá al nuevo presidente. Si pueden ponerse de acuerdo, claro. Y es que las Cortes que saldrían del 28-A son, si se toma como referencia el último barómetro del CIS, las más fragmentadas desde la Transición, aunque con un partido que superará ampliamente al resto y el único que tendrá una cantidad de escaños con tres dígitos: el PSOE.

Una novedad es la cantidad de partidos de tamaño considerable que acabarán teniendo mucho peso al decidir coaliciones (y todas las votaciones de la legislatura, con sumas seguramente cambiantes). Para los que echan de menos el bipartidismo, estas Cortes serán un sulfuro. Acompañado por otro: la irrupción de la extrema derecha, quizás con una treintena de diputados de Vox.

Cal y arena, o D’Hondt y cincunscripciones. El escenario planteado puede darse por una razón clara: el sistema electoral del Estado. La ley de 1977 impulsada por el entonces presidente Suárez y parte de la oposición era un híbrido de dos cabezas: tiene asegurada la representatividad de las minorías, gracias a la proporcionalidad que garantiza el sistema D’Hondt (un guiño a los catalanes, vascos y comunistas de aquel momento), a la vez que consolida el bipartidismo (o un partido dominante) gracias al modelo de circunscripciones pequeñas.

Para explicarlo mejor: en un sistema bipartidista imperfecto, como era el del Estado español de la Transición, nunca hubiera cabido un modelo electoral como el británico, es decir, un parlamentarismo con circunscripción uninominal que técnicamente no garantiza la presencia de las minorías en Westminster (que se logran en los hechos gracias a las profundas diferencias territoriales y de clase).

El sistema de reparto de escaños D’Hondt sí garantiza esa presencia de minorías en el Parlamento español, aunque con un reaseguro a favor del statu quo: gracias a dividirlo en muchas circunscripciones (52), algunas de ellas muy pequeñas en población, un partido se aproxima fácticamente a la mayoría absoluta si araña el 36% de los votos y tiene el primer puesto en las provincias menos pobladas de la meseta castellana. Esto, con el ya conocido fenómeno de la sobrerrepresentación de las provincias más despobladas, como Soria, en donde un escaño puede costar hasta ocho veces menos votos que en Madrid.

Con estas reglas de juego, el sistema electoral apadrinaba en los hechos a sólo dos partidos, PP y PSOE, los únicos que en las elecciones podían obtener a nivel estatal más de 35% de los votos y peleaban por los escaños en la meseta central. Pero la realidad pone, como siempre, a prueba el sistema: ahora el bloque de la derecha tiene tres opciones, y no una, que le quitarán millones de votos. Y eso explica por qué los socialistas, con sólo 30% de intención de voto (siempre según el CIS) y ganando en buena parte de las circunscripciones pequeñas (además de Madrid, Valencia y Sevilla), podrían obtener 138 diputados. Es decir, el 40% del total del hemiciclo. La matemática habla por sí sola.

El PP, al tener un impacto corrosivo en su base electoral por culpa de Ciudadanos y Vox, sufre ahora, paradójicamente, las consecuencias de un sistema inventado por los conservadores y que lo benefició por años. Su descalabro el 28-A es colosal, con riesgo de perder casi la mitad de sus escaños.

Algunos ejemplos: en Barcelona pasarían de obtener cuatro escaños a uno, y en Valencia, de seis a tres. Más representativa aún es su crisis en la meseta castellana: en Ciudad Real pasan de tener tres a un diputado, y peor en Guadalajara, que de los tres diputados que reparte, y que actualmente dos son del PP ganados en 2016, pasaría a cero. El PSOE se quedaría con los dos del triunfador y el escaño por la minoría se proyecta para Vox. La sangría popular tiene dos nombres: Rivera y Abascal.

Fragmentación a la carta. La complejidad de las próximas Cortes, en términos de alcanzar acuerdos (para fin de mayo habría que tener conformada la Mesa del Congreso), no sólo estará dada por el discurso crispado de las derechas sino por una atomización sin precedentes en la historia del Estado.

El CIS –y en general el promedio de todos los sondeos privados– exhibe una acuarela pocas veces vista. Tras el PSOE, habrá cuatro partidos con cantidad de miembros intermedia (PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox). Esquerra Republicana podría dispararse a 18 escaños (más del doble que los actuales), y con ese número sería un factor insoslayable de coaliciones. También crecerían uno o dos disputados el PNV y EH Bildu.

La crisis de la izquierda se encamina a provocar, además de la fuerte caída de Podemos, la desaparición como grupo de los valencianistas de Compromís (sólo conforman grupo quienes superan los cinco diputados), ya que al decidir este año ir en papeletas separadas les perjudica la división. Otro batacazo posible es el de los ex convergentes de Junts per Catalunya: podrían quedarse sin grupo, con tan solo cuatro diputados, dependiendo su suerte del resultado en Barcelona.

El sistema electoral lastra especialmente a las opciones minoritarias que no son protagonistas en ninguna circunscripción, como el Pacma. Los animalistas obtuvieron 286.000 votos en 2016 y el CIS pronostica, tal vez, dos escaños por Barcelona y Valencia. Pero, de no superar la barrera del 3%, podrían quedar nuevamente sin escaños pese a tener, por ejemplo, el séxtuple de votos a nivel estatal que Coalición Canaria, con diputado garantizado.

Así los números, una coalición de las tres derechas recentralizadoras no es segura pero tampoco imposible, especialmente considerando lo que sucedió en Andalucía en diciembre: el voto a Vox a veces está oculto y no se confiesa ante el encuestador. Volvería a ocurrir así que quien gana no gobierna.

La aritmética parlamentaria hace más probables hasta ahora dos escenarios: un gobierno de PSOE investido con ayuda de Podemos, PNV y Compromís (¿y tal vez la abstención de Esquerra, si hace falta?) o un gobierno socialista en coalición con Ciudadanos (con seguridad, la opción favorita del ala derecha del PSOE y del palco del Bernabéu).

La suerte final del 28A la decidirán los millones de indecisos, que el CIS pondera en la extravagante cifra de 41%, en su mayoría mujeres y jóvenes. Y también hasta qué punto tienen los españoles ganas de ingresar en el club de países europeos en que la ultraderecha intolerante define su destino.