El interventor municipal, Jesús Albóniga, ha explicado que la Cuenta General será sometida ahora a un período de exposición pública de 15 días, para la presentación de posibles reclamaciones, y que podría ser aprobada por el pleno municipal «hacia el 6 de junio», antes de la toma de posesión de los nuevos corporativos que sean elegidos en los comicios del próximo 26 de mayo.

Ha indicado que la Cuenta General debe reflejar la «imagen fiel» del patrimonio, la situación financiera y la ejecución presupuestaria, lo que constituye un acto «esencial» para que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas pueda llevar a cabo su labor de fiscalización.

El interventor ha recordado que el pleno municipal de febrero conoció el cierre presupuestario de 2018, ejercicio que el Ayuntamiento acabó con un superávit de 26,2 millones de euros y un remanente de tesorería de 90 millones de euros, 24 más que el año anterior.

La Cuenta General de 2018 recoge que el Consistorio terminó el año sin deudas y que no contrató ese año ninguna línea de crédito. Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales dependientes del Ayuntamiento de Bilbo tampoco tienen pendientes operaciones de deuda del pasado año.

Albóniga ha precisado que las cuentas sí recogen 5,9 millones de euros correspondientes a los avales que respaldó el Consistorio para hacer frente a la deuda de la sociedad interinstitucional Bilbao Ría 2.000, aunque esa deuda se espera cancelar el presente año.

En la Cuenta General se recoge el convenio firmado con Fomento y Adif para el soterramiento y supresión de los dos pasos a nivel de la línea de Feve en el barrio de Zorrotza, un proyecto que será sufragado a medias con el Gobierno español y que Bilbo se ha comprometido a sufragar con 35 millones de euros.

En el capítulo de «pasivos contingentes», las cuentas exponen que el «riesgo» para el Consistorio por los procesos judiciales que tiene abiertos podría alcanzar 10,2 millones de euros «teniendo en cuenta las pretensiones de los demandantes».

La Cuenta General de Bilbo correspondiente a 2018 expone también la situación con el previsto relleno de una parte de la ría junto a la isla de Zorrotzaurre, lo que podría suponerle al Ayuntamiento un desembolso de 25 millones de euros, aunque aún se ignora si ello podría llegar a suceder.

La Autoridad Portuaria de Bilbo ejecutará la obra de los rellenos y luego enajenará el terreno resultante, en el que se harán edificaciones. Si no se logra la enajenación, el Ayuntamiento adquirirá ese suelo, que tendrá un precio estimado de 25 millones de euros.

El interventor municipal ha explicado que aún se desconoce si el Ayuntamiento se verá obligado a comprar ese terreno, aunque ha puntualizado que en todo caso no habrá pérdidas, pues el aprovechamiento urbanístico de ese suelo está calculado en 34,6 millones de euros.