Esta zona de exclusión sería de entre cinco y diez metros entre campos de cultivo y zonas residenciales. Y con ella se completaría un paso tachado de insuficiente por los ecologistas.

Los ministerios de Transición Ecológica, Salud y Agricultura confirmaban el sábado, mediante una nota conjunta, su decisión de abrir a partir de hoy lunes un periodo de consultas que toma como punto de partida, y salvo sorpresa también como punto de meta, la adopción de una normativa para limitar los efectos del uso de fitopesticidas ligados a la agricultura industrial.

Siguiendo el modelo del «Gran Debate» de Macron, los ciudadanos podrán organizar discusiones y/o expresar su opinión a través de las páginas web de los tres ministerios. La consulta durará tres semanas y, una vez redactadas las conclusiones, la medida definitiva entrará en vigor en 2020.

Se trata de una norma global que regirá allá donde no haya acuerdos en la materia. Esa cartografía territorial, siempre que se haya acordado antes de la entrada en vigor de la norma general, tendría prioridad sobre ésta, siempre según fuentes ministeriales.

El aval de la ANSES

El Gobierno presenta como aval para impulsar la que considera una «decisión histórica» –ciertamente será la primera que plantea marcar distancias entre productos fitofarmacéuticos y hábitat– el informe realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria (ANSES).

En base a las recomendaciones de ese organismo, la propuesta gubernamental plantea establecer una distancia de entre cinco y diez metros entre los campos de cultivo en los que se utilizan este tipo de productos, objeto de una larga batalla por parte de organizaciones ecologistas pero también de una parte de la comunidad científica, y las zonas habitadas.

Primera limitación de la medida: El Ejecutivo establece la distancia máxima de diez metros exclusivamente para el uso de los «productos más peligrosos». Para el resto de sustancias, se fija en cinco metros en el caso de cultivos bajos –tipo cereal– y de diez en otros en altura, como las viñas.

En su informe inicial la ANSE recomendaba un margen de 3,5 a diez metros, pero la propuesta de partida que ha puesto sobre la mesa el Ministerio eleva esas distancias, «como medida de precaución en particular cuando se trata de productos clasificados como cancerígenos, o con efectos sobre el sistema hormonal y /o reproductivo».

Se trata de un guiño hacia los sectores que, desde el ámbito local y asociativo, han empezado a impulsar consultas y a promover normas subsidiarias que incorporan líneas rojas frente a los pesticidas y que, a todas luces, van más allá de las aspiraciones de Emmanuel Macron.

Medida pionera, proclama París

La titular del Ministerio de Transición Ecológica, Elisabeth Borne, que lleva tras de sí la sombra de la dimisión del ex ministro Nicolas Hulot, defiende que «Francia va a ser el primer país que imponga distancias respecto a los pesticidas».

Precisamente, su antecesor en el cargo censuró, en unas declaraciones hechas durante el festival Climax (el pasado fin de semana en Burdeos), la citada medida al considerarla «netamente insuficiente» y reclamó una decisión política que «vaya mucho más allá».

Igualmente, el secretario general de Europe Ecologie-Les Verts, David Cormand, concedía, en declaraciones a la televisión, que «ciertamente es un paso histórico que un Estado admita que existe un riesgo grave para la salud pública» pero matizaba de inmediato que «el problema es que preconice como solución una medida anecdótica».

Movimiento "Queremos amapolas"

Al igual que distintas organizaciones ecologistas, el movimiento “Queremos amapolas”, que trabaja por la prohibición total de los pesticidas, no ha dudado en alzar su voz.

A través de un artículo publicado en su página web, este colectivo, entre cuyos impulsores figuran el periodista Fabrice Nicolino ("Charlie Hebdo") y el militante ecologista François Veillerette (@veillerette), ha tachado de insulto a la inteligencia la medida gubernamental ya que «los pesticidas no respetan los decretos, ni las distancias, viajan kilómetros para alcanzar los cursos de agua, se elevan al aire y a las nubes y afectan finalmente al corazón de los centros urbanos».

Para este organismo, que ha promovido desde su creación en el verano de 2018 distintas acciones, de forma descentralizada y buscando sensibilizar a la ciudadanía, «los lobbies han vuelto a demostrar todo su poder» frente a una ciudadanía que apuesta muy mayoritariamente -nueve de cada diez residentes en el Hexágono, según ciertos sondeos- por la desaparición total de los pesticidas en el plazo máximo de cinco años.

900.000 firmas por la prohibición total

Tras desacreditar a la agencia que ha emitido el informe sobre el que se basará la medida gubernamental –acusa a ANSES de proteger los intereses de la industria que fabrica los pesticidas–, “Queremos amapolas” quiere relanzar su campaña por la prohibición de estos productos, en la que se hace alusión a los riesgos que acarrean los pesticidas sobre el feto humano, pero también de cara a sufrir dolencias como cáncer, esterilidad, Parkinson o problemas en el aparato psicomotor. Ese llamamiento ha reunido ya 900.000 firmas.

Además, el coletivo da cuenta periódicamente en la lista de alcaldes que se han adelantado al Gobierno a la hora de adoptar normas de restricción al uso de pesticidas.

Ese listado incluye, de momento, apenas una veintena de municipios. Lo que puede explicarse en parte por el hecho de que aquellos municipios que, adelantándose a la nueva reglamentación, han impuesto límites notablemente superiores –prohibiendo el uso de productos fitofarmacéuticos a menos de 150 metros de las viviendas– han visto cómo sus ordenanzas eran recurridas y luego anuladas por decisión de justicia administrativa.

Recelos de la agricultura industrial

La puesta en marcha de zonas de exclusión de pesticidas ha sido acogida con recelo por el primer sindicato agrícola francés, FNSEA, también mayoritario en el Departamento de Pirineos Atlánticos del que forma parte Euskal Herria.

FNSEA teme que se limite el parque de tierras agrícolas y que desaparezcan las explotaciones situadas en las zonas más cercanas a los núcleos urbanos. Al tiempo que aboga por «otras alternativas», el sindicato confía en minimizar los efectos de la normativa en ese desglose territorio a territorio.

En el trazado de esos mapas locales se jugará buena parte de la eficacia de una normativa que, pese a ser limitada, marca un primer precedente cara a la restricción del uso de pesticidas.