En una comparecencia en la plaza del Arriaga, en Bilbo, ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru han urgido a la movilización, «como ya lo están haciendo en Catalunya». En un comunicado leído por Ana Pérez e Igor Mera han expuesto que su iniciativa va más allá de la solidaridad. Serán concentraciones el viernes ante los centros de trabajo «en la defensa de la democracia, el diálogo y la política». También apoyan la manifestación del sábado en Donostia impulsada por Gure Esku Dago.

Han calificado la resolución del Supremo español contra los independentistas catalanes como «sentencia-escarmiento», como estiman que lo ha sido la dictada por el «caso Altsasu» para tratar de «disciplinar políticamente a la ciudadanía vasca». «El Estado quiere trasladar un mensaje demoledor al conjunto del Estado: que perdamos toda esperanza sobre poder tomar un día una decisión sobre nuestro futuro», han expuesto.

Han apuntado a las iniciativas planteadas por las instituciones catalanas en la búsqueda de soluciones dialogadas con el Gobierno español, que solo han cosechado la respuesta negativa y cómo ello derivó en la consulta del 1 de octubre de 2017. Han incidido en que denominan «sentencia-escarmiento» a lo dictado por el alto tribunal español «porque dibuja el futuro que espera a responsables políticos y agentes de la sociedad civil que pretendan dar voz a las naciones del Estado».

Las centrales son conscientes del «poder represivo» del Estado español, pese a lo que le advierten que «no hay sentencia ni estado suficiente para acallar las aspiraciones nacionales y políticas» del pueblo vasco y del catalán.

Con su movilización quieren manifestar que «el escarmiento, la represión o la venganza no tienen la última palabra». «Encontraremos el camino que nos haga ciudadanos y ciudadanas iguales a los del resto de países, capaces de decidir sobre aquello que nos afecta, incluida la manera de relacionarnos con otros estados», han precisado.

Mensaje claro

A continuación han tomado la palabra los máximos responsables de ELA y LAB. Garbiñe Aranburu ha dicho que la sentencia pretende enviar el mensaje de que «dar la palabra a la ciudadanía se paga muy caro, hasta con penas de cárcel», al tiempo que se establecen «nuevos límites a la libertad de expresión, al derecho a manifestarse y a la legítima desobediencia civil».

Para la secretaria general de LAB, ante la «involución antidemocrática», «se ha acabado el tiempo de las ambigüedades y las equidistancias» «Hay que posicionarse: o se está a favor de la democracia o se alimenta el autoritarismo», ha enfatizado.

A su vez, Mitxel Lakuntza ha considerado que la sentencia dictada por el TS les «interpela como sindicato y como pueblo porque la condena por sedición va contra derechos fundamentales como la propia protesta o la movilización».

El secretario general de ELA ha transmitido su solidaridad y reconocimiento «a un movimiento y a unas instituciones que continúan defendiendo el diálogo y el derecho a decidir como solución política. Al contrario de lo que pasa en nuestro país –ha lamentado–,en Catalunya se sostiene el pulso político».