La iniciativa tiene por objetivo modificar la Ley 13/2016 de Turismo al considerar que, tras tres años de vigencia, es necesaria una «mejor adaptación» de las previsiones legales a las demandas de la propia actividad turística. Una vez superado este trámite, el siguiente paso será la creación de una ponencia para que los grupos planteen sus respectivas enmiendas parciales.

En el texto se precisa que no podrán ubicarse viviendas turísticas en «caseríos integrados en una explotación agraria o ganadera, así como en edificios de arquitectura tradicional característica de la zona que se encuentren ubicados en municipios o en entidades de población de carácter rural».  

El PSE es el partido que ha redactado este documento. Su parlamentaria Susana Corcuera ha explicado que con esta reforma se pretende llenar el espacio que no está cubierto en la actual ley y que «la actividad alojativa en el ámbito rural se desarrolle a través de las fórmulas propias del turismo rural, desde la protección del medio» y enmarcada en el desarrollo de un turismo «sostenible social y medioambientalmente».

La propuesta ha contado con el respaldo asimismo de PNV y EH Bildu. El parlamentario jeltzale Luis Javier Telleria ha explicado que cuando se elaboró la Ley de Turismo no se profundizó en el mundo rural y se dejaba en «cierta alegalidad» que «obliga ahora abordarlo».

«Un problema grave»

Iker Casanova (EH Bildu) ha precisado que su respaldo a la toma en consideración no implica que avalen el contenido de la propuesta, sino que reconocen que es necesario abordar «las carencias e imprecisiones» de la ley. «La propuesta pone encima de la mesa un problema grave en torno al que hay que poner posibles soluciones».

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Edurne García ha defendido la necesidad de regular «de forma específica» las viviendas y habitaciones de viviendas particulares en entornos rurales para «acotar» el mercado de los alojamientos turísticos rurales y que no se produzca una «burbuja similar a la que se ha producido con el alquiler de los pisos turísticos en zonas urbanas». Sin embargo, se han abstenido porque apuestan por un debate previo «más participado y completo».

«Excluir y prohibir»

Solo el PP ha votado en contra. Carmen López de Ocariz ha opinado que la «única finalidad» de esta ley es «excluir y prohibir» y que supone una «indefensión» para los propietarios de viviendas en el ámbito rural al calificar esta modificación de «desproporcionada y contraria a la libre competencia».

«¿Los turistas que vienen a las casas rurales son de distinta condición que los turistas de viviendas de uso turístico? ¿Unos vienen a proteger al medio ambiente y otros a destruirlo?», se ha cuestionado.