El Gobierno de facto de Bolivia ha dado este lunes 72 horas de plazo a la embajadora de México en La Paz, así como a la diplomática española que la visitó el viernes, para que abandonen el país, tras el incidente ocurrido a raíz de dicha visita.

El anuncio de la expulsión de las dos diplomáticas, así como del cónsul de España, lo ha hecho la propia presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez.

«El Gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Alvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados», ha señalado.

«Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia», ha sostenido Áñez.

En este sentido, ha asegurado que «la conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar».

La persecución política a la que las autoridades surgidas del golpe de Estado al Gobierno de Evo Morales ha sometido a exministros y líderes políticos afines al Ejecutivo derrocado ha provocado que se enfrenten al Gobierno mexicano en una crisis diplomática que se ha extendido al Gobierno español.

Las autoridades bolivianas denunciaron que encapuchados españoles intentaron entrar «armados» y «clandestinamente» en la sede diplomática, donde están refugiados miembros del Gobierno de Morales. Además, denunciaron un «atropello a su soberanía».

El Gobierno español explicó que el incidente se produjo cuando la encargada de Negocios en Bolivia y el cónsul visitaron la sede diplomática y, tras sus automóviles fueron bloqueados en el acceso de la urbanización por fuerzas de seguridad bolivianas y grupos civiles que hostigan desde hace semanas la residencia de la embajadora.

La Cancillería boliviana exigió que los diplomáticos salieran a pie hasta sus vehículos, a lo que estos se negaron, hasta que negociaron que un automóvil del Gobierno boliviano fuera a buscarlos una hora después.

Los encapuchados que denuncia Áñez eran policías que escoltaban a los diplomáticos españoles ante la amenaza de los grupos que asedian la sede diplomática mexicana y que incluso han asaltado algún vehículo que salía del edificio ante la sospecha de que los asilados intentarían abandonarlo.

La presencia permanente de uniformados en los alrededores de la embajada mexicana ya había motivado la protesta del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

México retira a la embajadora

El Ministerio de Exteriores mexicano ha dado instrucciones a su embajadora en Bolivia para que regrese al país azteca «con el fin de resguardar su seguridad e integridad».

Asimismo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recalcado que la embajadora «siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución» mexicana y en el Derecho Internacional, por lo que considera que esta decisión es de carácter político.

Por su parte, el Ministerio español de Exteriores anunció una investigación sobre lo sucedido.

Lejos de aplacar la tensión, el Gobierno de facto de Bolivia se ha mostrado envalentonado y ha exigido al Ejecutivo español que pida disculpas. El expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, delegado presidencial ante la comunidad internacional, hizo el domingo unas duras declaraciones y pidió al presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, que se disculpe con Bolivia.

«Qué penoso que Pedro Sánchez esté haciendo operativos con rambos para extraer a criminales, delincuentes blancoides y fraudulentos que conocen del proyecto castrista y chavista», sostuvo Quiroga, en referencia a los policías que acompañaron a la delegación diplomática española en la visita.