Un centenar de personas han acudido esta mañana convocados por Ongi Etorri Errefuxiatuak ante los consulados de Turquía y Grecia en Bilbo para denunciar «la última escalada de violencia policial y los ataques neofascistas contra las personas refugiadas, periodistas y las ONG». Mediante un manifiesto leído ante la delegación turca, Ongi Etorri Errefuxiatuak ha exigido a los gobiernos de Turquía, Grecia y a la Unión Europea «que abran sus fronteras y que den un trato humanitario a las personas que huyen de la guerra o la pobreza extrema».

En declaraciones a NAIZ, el portavoz de Ongi Etorri Errefuxiatuak Juan Hernández ha manifestado que los ataques de grupos de extrema derecha a las personas migradas y las ONG «están avalados por Grecia y la UE, porque permiten que el fascismo campe a sus anchas». Hernández también ha señalado que la decisión del Gobierno griego de suspender el derecho al asilo «va en contra del Derecho Internacional y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, tratado de obligado cumplimiento que Grecia se ha saltado unilateralmente».

Situación en la frontera

Por su parte, en Grecia, la Policía de Fronteras ha vuelto a lanzar botes de gas lacrimógeno contra los migrantes que permanecen en la frontera con Turquía. Ante otro intento de entrar en territorio europeo por el paso fronterizo de Pazarkule-Kastaniés, las fuerzas de seguridad griegas han empleado el gas lacrimógeno para disuadir a los ahí concentrados. La Policía ha advertido con mensajes a través de altavoces que no se les permitirá la entrada en Grecia.

Además, una persona ha muerto este miércoles por disparos procedentes del lado griego cuando estaba tratando de entrar en Grecia desde Turquía, según han informado las autoridades turcas. El comunicado apunta que la Policía griega ha usado fuego real contra los refugiados, mientras que el Gobierno de Atenas niega los hechos.

Desde el pasado sábado, cuando Turquía canceló el acuerdo migratorio con la Unión Europea y abrió las fronteras con Europa, 24.000 personas han intentado sin éxito entrar en Grecia según datos del Gobierno heleno. En este tiempo, 183 personas han sido detenidas en su intento por cruzar la frontera, de las cuales un número todavía no precisado han sido condenados a cuatro años de cárcel y una multa de 10.000 euros.