El Gobierno español justifica la carga que la Policía española realizó en la huelga del pasado 30 de enero en el barrio Donibane de Iruñea en «la presencia de un piquete violento de unas 30 personas que acudiendo a los comercios abiertos, arrojaban pasquines, sellaban las puertas con cinta plástica y pegan carteles gritando proclamas a través de un megáfono. Además, este grupo obstruía la circulación». Curiosamente, la carga se produjo en la acera.

De este modo responde a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu que destaca que en «un vídeo grabado por uno de los afectados, se observa a los agentes policiales agrediendo sin motivo alguno a los huelguistas. De igual modo, se observa a un agente amenazar a la persona que graba el vídeo diciendo ‘como difundas las imágenes vamos a ir por ti». Asimismo, Iñarritu constata que ninguno de los agentes porta de manera visible su número de identificación.

Según la versión del Gobierno español, en cambio, se señala que «se procedió a solicitar la identidad a la mujer que portaba el megáfono y que actuaba como organizadora y líder del grupo. El resto de los acompañantes acometió contra los agentes actuantes para impedirlo, mediante empujones y patadas, por lo que se hizo uso de la fuerza mínima para repeler la actitud violenta y proceceder a la disolución del grupo. El resultado fue la detención de la persona autora de la agresión a un policía, a la que igualmente le intervinieron 25 petardos de gran peligrosidad».

Junto a ello, subraya que «las actuaciones policiales se ajustaron a disposiciones legales para el control de la manifestación y tramitación, entre otras, de las propuestas de sanción antes referidas».

En otra respuesta a Iñarritu, el Gobierno español realiza un balance de la actuación policial para reprimir la huelga, enumerando que la Guardia Civil identificó a siete personas en la estación de Altsasu por colocar una pancarta «que afectaba al tráfico ferroviario» y a otras 32 en el centro comercial La Morea de Cordovilla, donde detuvo a cinco personas «como presuntas autoras de un presunto delito de atentado contra los agentes de la autoridad».

Junto a ello, la Policía española identificó a 40 personas, siendo detenidas cinco, cuatro de ellas por «desórdenes públicos» y una por atentado.

La respuesta del Gobierno español a Iñarritu concluye señalando que «ningún agente de la Guardia Civil o la Policía Nacional ha sido sancionado con motivo de los hechos aludidos».