Iñaki IRIONDO

Espacio para acuerdos y para la discrepancia en la Diputación Permanente

La reunión de la Diputación Permanente ha permitido la adopción de dos amplios acuerdos, casi unánimes, en materia de enseñanza y en cuestiones sanitarias, pero también se han evidenciado divergencias en materias como las ayudas a los autónomos y la intervención en las residencias de mayores.

La reunión se ha celebrado por videconferencia.
La reunión se ha celebrado por videconferencia.

La Diputación Permanente del Parlamento de Gasteiz ha debatido este viernes cuatro proposiciones no de ley sobre medidas urgentes en diversas materias relacionadas con la emergencia sanitaria y la crisis económica que está conllevando. La reunión se ha realizado de manera telemática. Ha comenzado a las 10.00 y finalizado a las 14.40.

Se ha comprobado que el órgano puede ser útil para la consecución de amplios acuerdos y también para exponer las divergencias existentes en algunas materias, en las que los partidos del Gobierno aseguran que se está haciendo todo bien, mientras que no es esa la lectura que hacen los grupos de la oposición.

Salvo alguna excepción, el tono del debate ha sido moderado y constructivo, muy lejano al observado, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados.

Hostelería, comercio y autónomos

La primera de las proposiciones debatida ha sido la presentada por EH Bildu en petición de ayudas para los sectores del comercio, de la hostelería y de las trabajadoras y trabajadores autónomos, por las pérdidas originadas por la emergencia sanitaria. Maddalen Iriarte ha propuesto «la exención en el pago del IBI, una moratoria general de todos los impuestos que afectan a los negocios que han tenido que cesar su actividad, así como el estudio de posteriores quitas en función de las pérdidas que acumulen y la creación de fondo para compensar los gastos fijos, las pérdidas y el abono de la cuota de autónomos».

La proposición no ha salido adelante, porque han votado en contra PNV y PSE. El PP se ha abstenido, mientras que Elkarrekin Podemos ha apoyado las medidas demandadas por EH Bildu. Finalmente se ha aprobado la enmienda de los partidos que apoyan al Gobierno, con la abstención de EP y PP y el rechazo de EH Bildu.

La proposición aprobada, más genérica que original, insta a las instituciones a que mantengan una moratoria general en materia fiscal mientras dure la suspensión de actividades y a acordar la flexibilización del pago del IBI. PNV y PSE también hablan de analizar la creación de un fondo de compensación y aseguran que el Gobierno de Lakua articulará medidas necesarias para incentivar el consumo una vez recuperada la actividad.

EH Bildu ha sido muy crítico con lo aprobado. Maddalen Iriarte ha señalado que «es irresponsable que persistan en el error al rechazar esas medidas que las y los autónomos reclaman y necesitan urgentemente, máxime tras la indignación que sintieron ayer mismo –en referencia a lo ocurrido con Lanbide– al comprobar que en la cabeza del Gobierno está Confebask, pero no los trabajadores en general y los autónomos en particular».

Enseñanza y salida de la infancia

La segunda propuesta ha sido la presentada por Elkarrekin Podemos en relación a la enseñanza en este tiempo de crisis, que ha dado lugar a una enmienda transaccional que ha logrado el apoyo de todos los grupos salvo la abstención del PP, motivada porque la mayoría de la Mesa no le admitió las enmiendas presentadas.

El acuerdo contempla que se detecten las familias que puedan tener necesidades materiales, para que sean cubiertas mediante la cesión de tarjetas de internet, equipos y puesta en disposición de las familias de material de apoyo para poder acompañar a sus hijas e hijos. También recoge aumentar la atención del profesorado al alumnado con necesidades educativas especiales. Y vigilar si esta crisis agrava situaciones familiares.

En el mismo acuerdo, se «insta al Gobierno Vasco, atendiendo a los criterios de las autoridades sanitarias y de forma coordinada con el Gobierno del Estado, a estudiar las posibilidades de que la infancia pueda salir de casa siempre siguiendo los criterios sanitarios, de forma controlada, limitada y con la distancia recomendada entre personas».

El PNV embarra el debate de residencias

La tercera proposición no de ley tratada ha sido la presentada por EH Bildu sobre la situación en las residencias de mayores, donde se presenta una gran mortalidad y en la que se conocen día a día denuncias sobre la falta de personal y de medios.

Maddalen Iriarte ha defendido la modificación inmediata del Decreto 126/2019 de residencias para aumentar la atención directa a las personas usuarias. Además ha exigido el refuerzo urgente de la atención sanitaria, de las distribución de los EPI, de la realización de test.

EH Bildu también ha exigido un plan especial de inspección de las residencias y la intervención, en colaboración con las diputaciones forales, de las residencias privadas cuando los incumplimientos de las recomendaciones, medidas y pauta de actuación ponga en peligro el cuidado de las personas usurarias.

La propuesta de EH Bildu ha tenido una abrupta respuesta de la representante del PNV Leixuri Arrizabalaga, acusando a Maddalen Iriarte de hacer campaña y tratar de utilizar la crisis sanitaria para ir contra un decreto que no le ha gustado en ningún momento. La portavoz jeltzale ha venido a decir que ya se está haciendo todo lo que pedía la propuesta del grupo independentista. El tono no ha mejorado en su segunda intervención, donde también ha cargado contra Elkarrekin Podemos y PP, que le habían afeado su falta de autocrítica.

En este punto se ha aprobado la enmienda de PNV y PSE que se resume en la palabra «seguir» para mantener las actuaciones como hasta ahora. Se abre a la revisión en el futuro del decreto 126/2019. EH Bildu y EP han votado en contra, mientras que el PP, pese a haber hecho un discurso muy crítico con la actuación en las residencias, se ha abstenido permitiendo así que saliera adelante la posición del Gobierno.

Acuerdo sanitario

Tras este punto agrio, en la cuarta propuesta, firmada por EH Bildu, relativa a estrategia para hacer frente al Covid-19 ha vuelto a haber un acuerdo prácticamente unánime, en el que se demanda al Ejecutivo de Lakua que «basándose en criterios de expertos y protocolos, defina una hoja de ruta para profundizar en la estrategia de realización de PCR y/o test a la mayoría de la ciudadanía».

Se pide también un «plan de desescalada» que se haga «de forma coordinada y compartida» para teniendo en cuenta las características propias de la CAV «nos permita salir del confinamiento y de la hibernación económica» cuando la evolución de la pandemia lo permita.

Se solicita también el refuerzo del equipo de salud pública y profundizar en la investigación de la enfermedad.

El acuerdo contempla que «Osakidetza, a través de sus institutos de investigación sanitaria y en colaboración con la UPV y otros agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y entidades, siga participando en distintos proyectos y estudios de investigación clínica para hacer frente al Covid-19».

Denuncia del PP

En todas sus intervenciones, el parlamentario del PP Carmelo Barrio, que se ha definido como miembro del «grupo de los marginados», ha denunciado el «atropello de la mayoría de la Mesa» por impedirle la presentación de enmiendas y, por tanto, de participar en la búsqueda de acuerdos.

Barrio ha asegurado que se han pisoteado derechos básicos de su grupo y ha responsabilizado de ello a la presidenta, Bakartxo Tejeria. Ha recordado que para otras cosas ya se ha incumplido el reglamento y ha pedido flexibilidad en esta situación excepcional, en la que el Gobierno sigue a pleno rendimiento mientras el Parlamento está disuelto.

Elkarrekin Podemos, que tampoco alcanza el número necesario para presentar iniciativas –la de hoy contaba con una firma de EH Bildu–, también ha demandado adecuar el funcionamiento del Parlamento a la situación de doble excepcionalidad derivada de la emergencia sanitaria y del aplazamiento de las elecciones.