El Departamento de Derechos Sociales ya ha recibido la aportación comprometida por el Ministerio español de Derechos Sociales para las CCAA, que como se sabe, en el caso concreto de Nafarroa, asciende a  4.520.984 euros.

A estos fondos se suman las aportaciones propias de las entidades locales, que están contribuyendo en el refuerzo de los Servicios Sociales, y algo más de 9 millones aportados por el Gobierno de Nafarroa.

De la aportación económica del Estado, a Renta Garantizada se destinará un millón de euros, que se sumará a los cinco del Gobierno navarro y servirán para reforzar la protección social de las familias que más están sufriendo esta crisis, garantizándoles unos ingresos mínimos mensuales que les permitan afrontar la cobertura de sus necesidades básicas.

La previsión realizada por el Departamento de Derechos Sociales en enero de 2020 para este año fue de 15.000 unidades familiares, como posibles perceptoras de renta garantizada. Sin embargo, en las nuevas circunstancias se calcula, especialmente en los próximos meses, un incremento de 1.000 unidades familiares que van a necesitar la Renta Garantizada (RG). Serán en torno a 2.640 personas más las que se beneficiarán de esta medida, un 54% de ellas mujeres.

El tiempo de permanencia en la prestación va a depender de la evolución del mercado de trabajo y las acciones de reactivación que se promuevan, pero, ante un escenario tan incierto, el Departamento ha hecho una previsión económica para la continuidad de las familias en la prestación durante todo el año 2020.

No obstante, la situación podrá cambiar dependiendo de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que se está consensuando en estos momentos entre la Administración General del Estado y las de las CCAA.

Refuerzo de recursos asistenciales

La inversión de Derechos Sociales también va destinada a la creación de recursos intermedios, al mantenimiento de las plazas concertadas para personas mayores o con discapacidad en los centros residenciales y para el refuerzo de plantillas.

Tres de las medidas afectan a los centros residenciales para personas mayores, para aquellas con discapacidad, con trastorno mental grave y para los recursos residenciales de menores.

Por una parte, en muchos de ellos, con motivo del Covid-19, profesionales de atención directa se han visto afectados por el virus, lo que ha provocado un incremento de las bajas por enfermedad muy superior a lo previsto en los contratos y conciertos de plazas.

La necesaria contratación de personal para mantener una atención y servicios adecuados a las personas usuarias va a requerir una dotación adicional de 2,3 millones de euros: 1,1 millones aportados por el Estado y  1,2  por el Gobierno de Nafarroa.

El cálculo del coste se ha realizado previendo un incremento del absentismo medio en los centros de mayores de un 15%, en los de discapacidad y trastorno mental grave en 11% y en los recursos de menores en un 8%.

Por otra parte, como es conocido, durante la pandemia se han puesto en funcionamiento recursos intermedios para facilitar la gestión de los espacios y el aislamiento en los centros, como la Residencia Félix Garrido y el Balneario de Fitero. También, para la atención a personas sin hogar afectados por el virus, en la Residencia Fuerte Príncipe, de Iruñea. La inversión prevista en este caso es de 2.303.528 euros: 800.000  aportados por Estado y 1.503.528 por el Gobierno de Nafarroa.

Finalmente, para el refuerzo de las plantillas de centros de servicios sociales y centros residenciales, tanto propios como intervenidos, y personal de supervisión se contempla una inversión de 1.348.462: 620.984 serán aportados por el Estado y 727.478 de Gobierno de Nafarroa.

También se prevé un refuerzo de las plantillas de los equipos profesionales de los Servicios Sociales de Base de Nafarroa, compuestos por profesionales de trabajo social, educación social, personal administrativo y trabajadores/as familiares del Servicio de Atención al Domicilio-SAD, fundamentales para atender adecuadamente el incremento de actividad previsto.

Este refuerzo supondrá una inversión total de 2.255.558 euros: el Estado aportará un millón de euros; el resto será sufragado con presupuesto del Ejecutivo navarro (60%) y de las 45 entidades locales con Servicios Sociales de Base (40%).