La filtración el domingo de que el informe preliminar de la Ertzaintza sobre la catástrofe del vertedero de Zaldibar ha detectado «indicios de delito» no ha sorprendido a nadie. A tenor de lo adelantado, el principal elemento acusatorio es la evidencia de que allí se eliminaban residuos de todo tipo, más allá de los permitidos. Pero sí puede sorprender que ahora se admita como delito lo que tanto en la inspección medioambiental como en las explicaciones políticas posteriores al drama fuera minusvalorado con términos como «poco relevante», «no significativo» o «no severo».

De las siete inspecciones en el vertedero en su frenética década de vida hasta el colapso, la última es la más reveladora. Repasando el listado de infracciones detectadas, hasta 23, varias de ellas tienen que ver con esta cuestión. En la comparecencia del 18 de febrero en el Parlamento de Gasteiz, el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, no las detalló todas, pero entre las que sí enunció figuraban la «existencia de residuos peligrosos no contemplados en la Autorización Ambiental Integrada», «el almacenamiento en el exterior de residuos peligrosos como garrafas y recipientes de graneles» o que la instalación «no dispone de caracterización sobre la peligrosidad del residuo con entrada».

Estas irregularidades y todo el resto de la lista (rellenos, gases, aguas, lixiviados...) fueron tildadas como «no relevantes» salvo precisamente la que alude a la inexistencia de «caracterización sobre la peligrosidad del residuo», la número 14.

En base a ese diagnóstico, el consejero pudo decir a la Diputación Permanente que «cuantitativamente es un número elevado de desviaciones, pero cualitativamente ninguna de ellas tenía la clasificación de significativa o severa». Sin embargo, una vez producido el desastre y abierto este sumario en el Juzgado de Durango, la Unidad de Delitos Medioambientales de la Ertzaintza no duda en calificarlo de indicio delictivo. Y, según ‘El Correo’, apunta especialmente a la falta total de control sobre la entrada de residuos, que hacía que algunos de los interrogados en la investigación hayan aludido a Zaldibar como «el agujero».

Cabe recordar que ni siquiera se había abierto expediente sancionador por estas 23 irregularidades, sino que se ofreció a Verter Recycling subsanarlas. Ese expediente solo se activó tras el siniestro del 6 de febrero que mantiene sepultados a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.

El amianto

Otro de los elementos recogidos en el informe de la Ertzaintza al Juzgado sería el amianto depositado en la escombrera. Conviene hacer un poco de memoria al respecto. Tras detectarse su presencia en las labores de rescate aquella tarde-noche, que obligó de hecho a paralizar el rastreo, fuentes de Medio Ambiente hicieron hincapié en que la instalación contaba con permiso para ello.

Con la información existente cuatro meses después, esto no pasa de ser una media verdad. Si bien la Declaración de Impacto Ambiental de 2007 facultaba al depósito para acoger residuos de fibrocemento, también es cierto que Verter Recycling no se inscribió en el registro de empresas, en el Departamento de Justicia del Gobierno de Gasteiz, hasta 2017. Por tanto, en febrero de 2020 podría estar tratando este material de modo legal, pero no antes de 2017, algo que estaría constatando la Ertzaintza.

La instalación había tenido inspecciones periódicas en 2011, 2013, 2014... sacando buenas notas al principio que se fueron degradando imparablemente. Ocurrió al mismo ritmo que el volumen tratado no paraba de crecer, hasta reventar literalmente este 6 de febrero.

Sobre esto último, el Gobierno Urkullu sigue manteniendo que las razones exactas del derrumbe no están acreditadas hasta la fecha, por lo que pide no prejuzgar. Con todo, en el Parlamento Arriola asumió implícitamente que la causa había sido la brutal explotación del vertedero, que estaba ya casi colmatado pese a tener una vida proyectada de 35 años. Esto sirvió al consejero para alegar que las cuestiones ahora presentadas como delito en realidad no tenían tanta importancia: «Ninguna de estas desviaciones estaba vinculada a la estabilidad. Si se hubiese encontrado algún indicio del más mínimo peligro de deslizamiento, se habrían tomado las medidas adecuadas con urgencia», dijo.

Desde 2015 no solo es delito verter, también transportar y «no controlar o vigilar»

La filtración de este informe de la Ertzaintza puede conducir a pensar que se carga la presión contra Verter Recycling, la empresa señalada por la Administración como la única responsable de la catástrofe. Y obviamente es así en primera instancia, pero la reforma del Código Penal de 2015 incluye en las responsabilidades penales en estos casos también a las empresas que faciliten esos desechos y a la Administración como ente encargado de vigilar.

En el apartado de las penas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, el artículo 326.1 establece desde esa reforma que «serán castigados con las penas previstas en el artículo anterior [de seis meses a cinco años de cárcel], en sus respectivos supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales».

Expertos jurídicos consultados por GARA entienden que ello señala tanto a quienes vertían sus residuos en un panorama de descontrol evidente en ese «agujero» de Zaldibar como a diferentes ámbitos de la Administración. La inspección de los vertederos corresponde en sentido estricto a Medio Ambiente, pero la del transporte compete a Seguridad y la del control en origen a Industria. Hasta la fecha el Gobierno de Lakua no ha asumido ninguna culpa en el desastre, más allá de alguna autocrítica genérica en momentos puntuales y un anuncio de la revisión de los procedimientos.

Tras aquellas explicaciones de Arriola y el lehendakari Urkullu en el Parlamento, GARA recordó cómo efectivamente la tutela de la Administración de la CAV sobre estas cuestiones se relajó con una orden de Josu Jon Imaz, entonces consejero de Industria, en el año 2000. Con el argumento de agilizar la actividad económica, la Administración dejó de ser quien «vela por la seguridad» de modo directo, quedando la responsabilidad en manos de «titulares, redactores del proyecto, directores de obra, instaladores, entidades de inspección, empresas distribuidoras y/o comercializadoras». Aquella orden sigue vigente, al parecer. Pero el Código Penal también.R.S.

El PP plantea una comisión de investigación parlamentaria

El informe de la Ertzaintza ha tenido como consecuencia añadida el anuncio del PP de que planteará una comisión parlamentaria de investigación tras el 12J. Carmelo Barrio considera «oscurantista» la actuación del Gobierno, además de negligente, y le reprocha además su malestar con el hecho de que la Comisión Europea parezca dispuesta a abordar el caso.