Tras más de cuatro horas de reunión del Gobierno español con empresarios y sindicatos, el encuentro celebrado este lunes ha finalizado sin un acuerdo entre las partes para prorrogar los expedientes de regulación de empleo (ERTE) motivados por la pandemia de coronavirus.

El Ejecutivo, según las agencias españolas, ha querido dar prioridad y poner en valor el diálogo social y ha decidido no aprobar este martes ningún texto de extensión de esta herramienta.

Asimismo, han indicado que el Gobierno estaría dispuesto a analizar la situación de los ERTE en el mes de setiembre. En la propuesta del Ejecutivo figuraba la fecha del 30 de setiembre como tope de extensión de los ERTEs.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que se va a seguir negociando a lo largo de esta semana y que los interlocutores sociales tienen la garantía de que el Gobierno no lo llevará este martes al Consejo de Ministros.

«Vamos a dejar márgenes a la negociación. Creo que puede asegurarse que se van a prorrogar los ERTEs durante los próximos meses, pero está por definir en qué condiciones y con qué especificidades respecto al último acuerdo al que llegamos», ha resaltado, tras incidir en que los ERTEs «van a seguir siendo una herramienta fundamental para sostener el empleo del país».

En concreto, en el borrador enviado a los agentes sociales para su negociación se recogía que los ERTEs de fuerza mayor derivados del covid-19 mantendrán su vigencia mientras existan restricciones que impidan o limiten la plena actividad de las empresas, englobando entre dichas restricciones las limitaciones a la movilidad, aforos y equivalentes y las medidas de prevención y contención sanitaria vinculadas al coronavirus. En todo caso, se precisa que la vigencia de estos ERTEs finalizará el 30 de setiembre. 

La propuesta inicial también contemplaba que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de setiembre.

También prevé que el Ejecutivo mantendrá hasta esa misma fecha la «prohibición» que estableció al despido por causas objetivas, lo que en la práctica supone extender la indemnización a 33 días por año trabajado, frente a los 20 de los despidos procedentes. Al mismo tiempo, se propone mantener también hasta el 30 de setiembre la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, lo que supone de facto prorrogar estos contratos aunque el empresario quisiera rescindirlos.

No hay fecha de momento para la nueva reunión entre Gobierno, patronal y sindicatos, han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Trabajo, que consideran que en la reunión de este lunes se ha avanzado y que insisten en que el documento presentado a patronal y sindicatos es solo una propuesta.