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Las empresas de transporte escolar exigen una indemnización a Lakua

Las compañías que se dedican al transporte escolar avisan de que están al borde de la quiebra y piden al Gobierno de Lakua que abone las «indemnizaciones previstas en la ley». Denuncian el «regateo» del Departamento de Educación.

Protesta de las empresas de autobuses. (Jon URBE/FOKU)
Protesta de las empresas de autobuses. (Jon URBE/FOKU)

El cierre de los centros escolares durante la pandemia ha dejado sin trabajo a las empresas de transporte escolar. Solo en la CAV, las 182 compañías existentes mantienen una flota de 2.660 autobuses y emplean a más de 5.000 trabajadores.

La principal fuente de ingresos son las contrataciones con los centros escolares durante los 10 meses lectivos, alrededor de 175 días de setiembre a junio. Estas empresas complementan sus ingresos con otro tipo de servicios turísticos, como excursiones de los centros escolares y de otros colectivos, pero que durante la pandemia no han podido realizar.

Según informan fuentes del sector, no tienen esperanza de «poner en marcha un autobús hasta el próximo curso escolar 2020/2021».

Decreto del Gobierno de Madrid

Ya a mediados de marzo, el Ejecutivo español aprobó dos decretos que obligan al Gobierno de Gasteiz a indemnizar a las empresas de transporte escolar por la suspensión de sus contratos, principalmente los costes fijos.

Algunas comunidades autónomas han establecido ya mecanismos para el pago de estas indemnizaciones, principalmente como porcentaje sobre el precio unitario de cada recorrido, con el objeto de facilitar la gestión de las mismas.

Pero en la CAV, más de tres meses después de paralizar la actividad, el Gobierno Vasco no ha cumplido los compromisos que le exige la ley, según los representantes del sector, y sigue sin abonar un euro a las empresas de transporte escolar.

Las compañías de transporte escolar han denunciado asimismo el trato recibido por parte del Departamento de Educación, que «no ha demostrado ninguna empatía» y «ha planteado un regateo para rebajar las cantidades que justamente deben indemnizar a las empresas».