El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbo ha declarado extintos desde este viernes los contratos de 135 trabajadores de la empresa Araluce, propiedad de la cooperativa Batz, al apreciar «causa económica» por las pérdidas acumuladas en los últimos años.

Araluce, con sede en Igorre (Bizkaia) y que se encontraba en concurso de acreedores desde noviembre de 2019, se dedicaba a la fabricación de troqueles para la estampación de piezas metálicas para el sector del automóvil. Creada en 1949, fue adquirida por Batz en 2016.

En el auto, la magistrada del Juzgado señala que «la existencia de causa económica justificativa de la medida extintiva resulta de los datos que arroja la documentación contable», que «muestran una evolución de resultados económicos negativa tanto en la concursada como en su matriz Batz».

Expone que «también la autoridad laboral considera ajustada la medida» de la extinción de los contratos.

La resolución judicial aclara que Araluce tuvo pérdidas superiores a los 7 millones de euros entre 2017 y 2019, y que el patrimonio neto se redujo a menos de la mitad del capital social, con lo que la sociedad quedó incursa en causa de disolución.

Además, Araluce mantiene una deuda con la Seguridad Social superior a los 681.000 euros.

Añade que el resultado consolidado de Batz y las empresas del grupo, con beneficios de 9,7 millones de euros en 2016, pasó a pérdidas de 541.000 euros en 2017 y de 3 millones al año siguiente. La previsión para 2019 es de pérdidas de 10,8 millones de euros.

El auto judicial considera que en este caso existe un "grupo patológico de empresas», dado que «además de los requisitos de dirección y apariencia externa unitarias, ambas sociedades funcionan con criterios de subordinación (Araluce subordinada a Batz), lo que permite hablar de una unidad económica».

Recurso de ELA

En un comunicado, ELA ha adelantado que recurrirá el fallo y ha «lamentado» los despidos «en una empresa con carga de trabajo como Araluce». Ha considerado que el Juzgado ha «reconocido la responsabilidad directa de Batz en todo este procedimiento» y «viene a confirmar» la opinión de ELA de que la cooperativa es «responsable» de «llevar a una situación dramática a 141 familias».

Ha señalado que Batz se va a tener que responsabilizar de los efectos de los despidos. El auto judicial reconoce indemnizaciones de 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades.