Julian Assange ha rechazado este lunes una vez más su extradición a Estados Unidos después de ser «detenido» por segunda vez al amparo de una nueva solicitud de entrega cursada por Washington a última hora, en la que amplía la base de sus acusaciones contra el fundador de WikiLeaks.

Ese «arresto» no es más que un formalismo, ya que Assange se encuentra en prisión preventiva desde su detención en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, donde había permanecido refugiado durante siete años, hasta que el Gobierno de Lenín Moreno decidió retirarle el asilo. 

Assange, presente en la sala 10 del tribunal penal londinense de Old Bailey, ha rehusado ser extraditado a suelo estadounidense, donde afronta 18 cargos de espionaje y conspiración para la intrusión informática penados allí con hasta 175 años de cárcel.

En la primera vista de esta fase del juicio –pospuesto en febrero por la pandemia–, la jueza Vanessa Baraitser ha rechazado la petición de la defensa de excluir del proceso la «nueva conducta criminal» o actos delictivos adicionales atribuidos al australiano por la Justicia estadounidense en el auto de procesamiento emitido en junio y formalizado en agosto.

Este auto, que sustenta la nueva petición de extradición, mantiene los 18 cargos imputados en abril de 2019 pero amplía sobre todo el de intrusión, que contempla ahora no solo los tratos con la ex soldado estadounidense Chelsea Manning en 2010, sino también con otras personas con las que Assange habría conspirado entre 2009 y 2015 para difundir secretos en su portal digital.

La defensa, encabezada hoy por Mark Summers, ha argumentado que, debido a la presentación tardía del auto, no tenía tiempo material de lidiar con las nuevas alegaciones. Por su parte, la jueza Baraitser ha rechazado aplazar el juicio.

Aunque inicialmente había descartado solicitar ese aplazamiento, tras consultarlo con su cliente, Summers propuso posponer el proceso hasta el próximo enero, a fin de reunir datos para rebatir las imputaciones contenidas en un nuevo auto de procesamiento emitido por la Justicia estadounidense en junio.

Esta tarde presta declaración ante la corte el historiador del periodismo Mark Feldstein, de la Universidad de Maryland, que tratará de fundamentar la tesis de la defensa de que las acusaciones contra el informático tienen «motivaciones políticas». La Fiscalía, representada hoy por Joel Smith, considera en cambio que es un caso de «pura criminalidad».

Acusado de espionaje y fraude

Estados Unidos aspira a procesar al informático de 49 años por 17 delitos al amparo de su ley de espionaje y uno por la ley de fraude y abuso informático sobre todo por la difusión en 2010 y 2011 (aunque ahora amplía el periodo de 2009 a 2015) de registros militares y otros documentos confidenciales.

Las revelaciones en WikiLeaks expusieron crímenes de guerra en Irak y Afganistán, archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo y cables diplomáticos que desvelaron abusos de derechos humanos en todo el mundo.