Argilan, la plataforma de ESK contra la exclusión social, ha presentado una demanda por prevaricación contra el exdirector de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide, Jon Uriarte, al que responsabiliza de haber aprobado el envío de 2.668 reclamaciones de reintegro de supuestos cobros indebidos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) «a sabiendas» de que el periodo para realizar tales reclamaciones había prescrito.

La demanda, según ha informado Argilan a través de un comunicado, se presentó el pasado 21 de octubre por parte del abogado y voluntario de esta plataforma, Iñaki Carro; y está dirigida contra Uriarte porque es el «firmante» de las notificaciones de Lanbide.

A su juicio, podría haber cometido un delito penal de prevaricación por haber tomado la decisión, «consciente e intencionada», de enviar 2.668 procedimientos de reintegro de cantidades indebidamente percibidas, en concepto de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), durante 2011, 2012 y 2013.

La plataforma ha apuntado que el envío de tales reclamaciones se produjo «a sabiendas de que se trataba de un acto injusto e ilícito», ya que la reclamación de dichas cantidades «estaría manifiestamente prescrita» por haber transcurrido más de cuatro años entre el momento en que se genera la deuda por el cobro indebido y el momento en el que este es reclamado por la Administración.

Ha destacado que la decisión de enviar estas reclamaciones no responde a «un error», sino que se trata de «una decisión consciente y deliberada tomada al más alto nivel». De hecho, ha afirmado que la medida «seguramente no sólo» responde a una decisión adoptada en el seno de Lanbide, sino que se habría producido «dentro del Gobierno Vasco».

La plataforma ha explicado que en la demanda se presentan pruebas «irrefutables de esa supuesta intencionalidad. Además, ha denunciado que esta forma de actuar responde al deseo de «hacer caja», aunque sea utilizando «medios ilegales», y a una sensación de «impunidad» por parte de la Administración.

«Ni punitivo ni vengativo»

La plataforma ha explicado que su demanda «no está movida, en absoluto, por ningún ánimo de carácter punitivo ni vengativo, sino por el objetivo de obligar a la Administración a ceñirse escrupulosamente al cumplimiento de la normativa que regula las prestaciones sociales».

Desde este colectivo se ha afirmado que la única forma de frenar «el cúmulo de arbitrariedades e infracciones» por parte de Lanbide es recordar a sus responsables que el incumplimiento de la ley «puede comportar no sólo la anulación del acto administrativo, sino la pérdida de la condición de funcionario o cargo público de la persona responsable de dichas infracciones, cuando la conducta llega a extremos como el del presente caso».