Manuel Merino y varios miembros de su efímero Gobierno, vigente del 10 al 15 de noviembre, serán investigados de manera preliminar por violaciones de derechos humanos. Así lo ha anunciado, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalo, quien ha apuntado que el propio Merino, el primer ministro aún en funciones, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, también en funciones, serán investigados por los delitos de «abuso de autoridad», «homicidio doloso», «lesiones leves y graves» y «desaparición forzada».

Estos delitos, según la tesis fiscal, se habrían cometido en un contexto de acciones para violar los derechos humanos, lo que según establece la ley peruana, constituye un agravante que entre otras cosas impide la prescripción de los delitos. También abre la posibilidad de establecer una cadena de mando, habilitando una condena al expresidente o sus ministros si se demuestra que hubo órdenes para la represión u omisiones para prevenirla.

La investigación abordará la brutal represión dirigida por el Gobierno de Merino a las movilizaciones ciudadanas que se sucedieron de forma ininterrumpida desde que el lunes asumiera la presidencia hasta el domingo, cuando el exmandatario anunció su renuncia incapaz de resistir la presión de las calles, su pérdida de apoyos políticos y la virtual disolución de su gabinete ministerial.

Esa represión de las protestas dejó un saldo de dos jóvenes muertos por disparo de arma de fuego, los estudiantes universitarios Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años; casi un centenar de heridos y decenas de desaparecidos, cuyo destino aún mantiene en vilo a la sociedad peruana pese a que muchos de ellos han aparecido, libres de daño. Aún así, organismos de defensa de los derechos humanos reportan que hasta seis jóvenes que se manifestaron el sábado en el centro de Lima aún no han sido ubicados y nadie sabe en dónde están.

«No quedarán impunes»

«La Fiscalía de la Nación renueva el compromiso de garantizar los derechos ciudadanos y en poner nuestro máximo esfuerzo para que los graves hechos sean esclarecidos y sancionados», ha afirmado Ávalos, que también pondrá en marcha una investigación preliminar «contra los que resulten responsables de homicidio doloso» por los casos de Pintado y Sotelo, unas muertes que aseguró «no quedarán impunes».

Además, ha indicado que ya se está revisando la información extraída de las cámaras de seguridad de las zonas donde se produjeron las protestas para esclarecer las desapariciones forzadas. En este sentido, conviene señalar que se ha establecido que la fiscalía forme equipos de trabajo de fiscales con el fin específico de recorrer comisarías y cuarteles para averiguar si allí se encuentran algunos de ellos.

Esta investigación fresponde a una denuncia presentada en la noche del domingo por ocho organismos defensores de los Derechos Humanos. Esas denuncias incluían también al director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco, y al jefe de la región policial Lima, Jorge Cayas.

La denuncia indicaba que, además de la represión a los manifestantes, los agentes antidisturbios atacaron a los miembros de la prensa con impactos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y perdigones y advirtieron de que algunas mujeres sufrieron abusos sexuales tras ser detenidas.

La durísima represión lanzada por la policía, particularmente en la marcha del sábado pasado, fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió «investigar inmediatamente los hechos y establecer responsabilidades».