Carlos García Juliá ha abandonado a las 9.30 horas la prisión de Soto del Real, donde ingresó en febrero pasado después de ser extraditado desde Brasil, donde fue detenido en diciembre de 2018 tras décadas prófugo y un periodo encarcelado en Bolivia por un delito relacionado con el narcotráfico.

El antiguo militante de Fuerza Nueva, que tenía 24 años cuando cometió la matanza, el 24 de enero de 1977, fue condenado en 1980 por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio en el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha de Madrid.

Solo cumplió 14 años de la pena que le había sido impuesta. En 1991 le concedieron la libertad condicional y, años después, logró un permiso para viajar a Sudamérica por una oferta de trabajo, con la condición de presentarse mensualmente en la embajada española en Paraguay, pero incumplió lo previsto. Aunque el permiso fue revocado posteriormente, nunca regresó al Estado español y anduvo fugado en Latinoamérica.

Tras dos décadas en paradero desconocido, fue detenido en diciembre de 2018 en Sao Paulo gracias a las investigaciones de las policías española y Federal brasileña y el apoyo de Interpol.

Su extradición fue autorizada por la Corte Suprema brasileña en agosto de 2019.

A pesar de que le quedaban por cumplir doce años de condena, la Audiencia de Ciudad Real –que es el último tribunal que sentenció al autor de la matanza pero por otro delito que no está relacionado con ese–, atendió en mayo pasado la petición de su abogado para una nueva liquidación de la condena, que le reconoció redenciones durante el tiempo que estuvo prófugo en Sudamérica.

La Fundación Abogados de Atocha trató de detener la excarcelación sin éxito y ahora está pendiente de una petición de amparo al Tribunal Constitucional, que aún no ha decidido si lo admite. La abogada Cristina Almeida ha pedido a la Justicia que al menos adopte las medidas necesarias para que García Juliá no pueda abandonar el Estado.