El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha eludido resolver el nudo legal que ha provocado la profunda crisis social y política que vive el país durante la última semana, al negarse ayer a dilucidar si el argumento que se usó para destituir a Martín Vizcarra de la Presidencia fue ajustado a derecho.

Con una votación de 4-3, jueces sentencian que la demanda competencial «no es procedente», pues el caso ya no tiene contenido por «sustracción de la materia».

Esta resolución ha causado indignación generalizada en el país por su falta de compromiso y por la percepción de que el máximo intérprete de la Constitución peruana «se pone de perfil» en medio de la tensa situación que vive Perú.

Esa interpretación es compartida por la mismísima presidenta del TC, Marianella Ledesma, para quien la corte que preside fracasó ante el «mandato ético» de resolver una cuestión que tanto daño le ha hecho al país.

El primer caso

El Constitucional debía responder una demanda competencial que el hoy destituido presidente Martín Vizcarra presentó en setiembre pasado para que esclareciera si la intención del Congreso de destituirlo bajo el paraguas constitucional de «incapacidad moral permanente» era legítima.

El entonces mandatario apuntaba que ese argumento, amplio e indefinido, habilitaba al Congreso a destituirlo a su capricho y con eso le restaba competencias al poder Ejecutivo.

Vizcarra fue sometido a un proceso de destitución por el supuesto trato de favor que el mandatario había dado al cantante Richard "Swing" Cisneros.

Ese primer proceso de destitución finalmente no fue aprobado por el Legislativo y quedó inactivo.

Tiempos

Pese a ello, el TC continuó con su trámite para dilucidar su posición sobre la «incapacidad moral», un concepto que históricamente se refería solamente a problemas psicológicos graves.

Y mientras dilucidaba, surgió una segunda petición de destitución contra Vizcarra, en esta ocasión por presuntamente haber recibido sobornos millonarios cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014).

El Congreso volvió a usar el recurso a la «incapacidad moral» para iniciar un juicio político al mandatario, que en esta ocasión sí prosperó.

Esa decisión desató una oleada de protestas contra el Congreso y el nuevo Ejecutivo que asumió el entonces presidente de la cámara, Manuel Merino.

La represión policial a la masiva movilización ciudadana causó la muerte de dos jóvenes y varias decenas de heridos, lo que generó tal indignación que forzó la dimisión de Merino menos de una semana después de haber asumido el cargo.

Tablas

La decisión que tomó ayer el Constitucional es un resultado de «tablas» que no aclara el fondo del caso bajo el argumento técnico de que, como en el primer intento de vacancia no se concretó, el caso «se sustrajo» y no tiene sentido su evaluación.

«Perú vive momentos de zozobra, que felizmente han sido aplacados, y vuelve sus ojos al TC para que contribuya a restablecer la confianza ciudadana. Una interpretación ambigua e imprecisa de la incapacidad moral generó turbulencias que vacaron a dos presidentes. Hoy teníamos la posibilidad de resolver las ambigüedades, pero la mayoría, que hay que respetar, decidió no hacer nada», lamentó la presidenta de la corte.

Ledesma había hecho una propuesta, que aún debía ser debatida por los demás jueces, para que se limitara el concepto de «incapacidad moral», pero sin restaurar a Vizcarra en el poder, toda vez que ahora hay en Perú un presidente de consenso en la figura del legislador liberal Francisco Sagasti.

Tras conocerse la decisión del organismo, Vizcarra aseguró que lamenta «profundamente que el TC haya actuado de espaldas al país».

«Millones de peruanas y peruanos reclamando en las calles, vidas entregadas para defender la democracia y para ellos no pasó nada ¡Qué decepción!», enfatizó.