Aitor Agirrezabal

El Foro Social apuesta por un plan institucional para resolver la cuestión de los presos

El Foro Social ha presentado su análisis de la situación de las personas presas y se ha marcado como objetivo avanzar hacia una nueva fase en el curso 2020-2021. Esa fase incluye un plan institucional de reintegración y afrontar una solución correspondiente al cumplimiento íntegro de las penas.

Teresa Toda, Nazario Oleaga, Agus Hernán y Nekane Altzelai han comparecido en Bilbo. (Aritz LOIOLA / FOKU)
Teresa Toda, Nazario Oleaga, Agus Hernán y Nekane Altzelai han comparecido en Bilbo. (Aritz LOIOLA / FOKU)

El Foro Social Permanente se ha marcado como objetivo que, durante el próximo curso político 2021-2022, se pueda situar la cuestión de las personas presas en una nueva fase de resolución. «Lo consideramos no solo necesario sino factible y razonable», han señalado en la rueda de prensa ofrecida hoy en Bilbo.

Teresa Toda y Nazario Oleaga, en euskara y castellano, han presentado el análisis titulado ‘Estudio sobre los avances, bloqueos y retrasos en la resolución del problema de los presos’, y Agus Hernan y Nekane Altzelai han realizado la lectura de la organización sobre este tema.

El Foro Social entiende que para avanzar en la nueva fase se deberán superar las cinco cuestiones definidas en la ‘Agenda urgente de resolución’, hecha pública en setiembre de 2018 (la situación de las personas presas enfermas y mayores de 70 años, el acercamiento a cárceles vascas, la evolución de primer a segundo grado, acumulación de penas cumplidas en el Estado francés y las transferencias en materia penitenciaria).

Considera que en el curso 2020-2021 estos temas deberían de estar superados y se debería poner el foco sobre la necesidad de definir «un plan de reintegración que, pilotado desde las instituciones públicas y consensuado con los diferentes agentes, permita el acompañamiento a las personas presas en su itinerario individual de reintegración». Así como la necesidad de «afrontar una solución adecuada, y acorde con el nuevo tiempo político, a la cuestión de las personas condenadas con aplicación de la ley 7/2003», correspondiente al cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. «Se deberán seguir los estándares internacionales empleados en la resolución de conflictos, orientando todos los esfuerzos a dar una solución permanente al problema y a la consolidación de la paz y las garantías de no repetición».

El Foro Social subraya que aquella ley nació como consecuencia de «una estrategia antiterrorista ya innecesaria». En ese sentido, aboga por la búsqueda de formas de justicia transicional similares a las aplicadas en otros procesos. Y es que defiende que dar por superada definitivamente esta situación es «necesario» para «sentar las bases de una convivencia democrática con garantías de no repetición».

«Un nudo a desatar»

El documento ‘Análisis sobre avances, bloqueos y retrocesos en la resolución de la cuestión de las personas presas’ ha puesto el foco sobre la política penitenciaria. «Es uno de los tres nudos que hay que desatar, junto al reconocimiento y derechos de todas las víctimas y la memoria crítica inclusiva para avanzar hacia una convivencia democrática».

Oleaga y Toda han señalado el debate de EPPK en 2017 y la disolución de ETA en 2018, así como la moción de censura del 1 de junio de 2018 en el Estado español, como claves para desbloquear la política penitenciaria y han recordado que el propio Pedro Sanchez afirmó que pensaba cambiar la dinámica anterior. Tras los primeros acercamientos en setiembre de 2018 «la inestabilidad del Gobierno y la sucesión de elecciones hasta enero de 2020 provocaron que este proceso fuese lento». Según han apuntado, un promedio de dos acercamientos al mes hasta enero de 2020. Sin embargo, tras la formación del Ejecutivo español entre PSOE y Unidas Podemos llegó la pandemia del covid-19 y el confinamiento, un nuevo freno al proceso.

Ese ritmo lento y el patrón posterior generó gran «frustración», ya que familias y allegados habían depositado «grandes esperanzas» en el cambio producido en el Estado. A pesar de ello, el 19 de junio de 2020 se materializó el primero de los acercamientos anunciados para abril, mayo y junio. Desde entonces, el Foro Social ha constatado «un ritmo constante» y en los últimos tres meses, ese proceso «se ha acelerado» con cinco o seis «acercamientos» a la semana. «Podemos dar por superado el inmovilismo de la fase del Gobierno de Mariano Rajoy».

«Acercamiento entrecomillado»

Sin embargo, han recordado que a día de hoy, la mayoría de presos de EPPK están en primer grado en cárceles que están a distancias que oscilan entre los 600 y los 1100 kilómetros. «Estamos lejos de una resolución integral». Solo una minoría está en Euskal Herria. La mayoría han sido trasladados a cárceles periféricas de la Rioja, Aragón, Cantabria, Asturias o Castilla-León. «Utilizamos el termino acercamiento entrecomillado. Desde el Foro Social no podemos dar por buenos estos acercamientos limitados. Se limita a reducir los kilómetros del alejamiento. Son difíciles de entender en la actual situación. Las cuatro cárceles de Hego Euskal Herria tienen espacio para acoger a todos», han sentenciado.

Del mismo modo han hecho referencia a «otros aspectos relevantes que inciden en la resolución» de esta cuestión. «La agenda social, política y mediática, el nivel preciso de los consensos, el debate político en el Estado español y el papel del lobby sobre el que alertamos en septiembre pasado, los duros ataques a víctimas, los recibimientos o la pandemia de la covid-19».

Frente a ello, han querido destacar que «hay mayoría política, sindical y social para que esto entre en una fase de resolución». Pero, entienden que estos consensos necesitan «hacer palanca y apoyo al Gobierno español frente a los sectores contrarios a solucionar esta dinámica».