Un panorama de claroscuros se extiende sobre la cuestión penitenciaria en este 2021. Tras la movilización extensa y muy amplia de este sábado, GARA ofrece este mapa actualizado –aquí en formato pdf para mejor lectura– que refleja cómo el alejamiento se ha atenuado en estos tres últimos años (especialmente en los seis meses), sin llegar ni mucho menos a desaparecer. Y en paralelo, Sare hizo ayer inventario de las tareas a realizar este año, que abarcan desde lograr el acercamiento y luego la repatriación hasta avanzar hacia la derogación de la ley 7/2003 que echó el candado para 40 años a unos 70 presos y presas vascas.

Comenzando por la batalla contra el alejamiento, el mapa adjunto elaborado con los datos de Etxerat tiene dos enclaves principales y a la vez contradictorios. Tanto en Logroño, a las puertas de Euskal Herria, como en Puerto de Santa María, en la otra punta de la Península, hay trece encarcelados; la cárcel riojana ha igualado por tanto a la andaluza en número de represaliados. Si nos retrotraemos a hace tres años, cuando empezaban los acercamientos desde París y en Madrid Pedro Sánchez anunciaba una «nueva orientación», entonces había uno solo en Logroño y 20 en Puerto.

Estos dos penales, el cercano y el lejano, albergan a muchos más represaliados en cualquiera de las prisiones vascas, ya que entre las cuatro suman apenas dieciséis presos, lo que no llega ni al 10% del Colectivo. Con todo, mirado desde un prisma evolutivo, el tabú se ha roto: en 2018 solo había dos presos políticos vascos en Euskal Herria.

El mapa aporta muchos datos ilustrativos. Por ejemplo, con los acercamientos y la disminución paulatina de prisioneros, se han vaciado de vascos Alençon, Fresnes, Poissy, Osny, Fleury, Clairvaux, St. Maur, Chateaurox, Poiters, St. Martin de Ré, Moulins, Tarascon y Arles, en el Estado francés; y Monterroxo, Cáceres, Badajoz, Navalcarnero y Ocaña en el español, donde a cambio hay ahora presos en Daroca, El Dueso y Avila, lo que entonces no ocurría. Tampoco los había en Martutene ni Iruñea: en total pues, quince cárceles menos.

En la otra cara de la moneda, o en la parte vacía de la botella, no solo está el caso de Puerto, sino la evidencia de que el 29% de estos presos y presas sigue todavía a más de 600 kilómetros de casa y otro 20% a entre 400 y 600. Dicho de otro modo, uno de cada dos no está ni en Euskal Herria ni en su entorno, y ello ocurre en plena pandemia.

En la parte lateral del cuadro aparece otro dato que da qué pensar; en estos tres años el número de encarcelados solo se ha reducido en 78, lo que supone una media de excarcelaciones de apenas 26 por año, casi todas con la condena agotada hasta el último día salvo los escasísimos casos en que se está logrando libertad condicional.

Este es uno de los caballos de batalla que marcó ayer Sare en su valoración de la jornada de movilización del sábado. Entre sus retos para 2021, además de culminar la cuestión del acercamiento primero y de la repatriación después, está lograr el cumplimiento de la legislación ordinaria mediante la excarcelación de quienes han cumplido dos tercios de condena (60, que serán ocho más durante este año), tienen enfermedades graves incurables (17) o suman ya una edad avanzada.

Uno de los motivos de estas reclusiones indebidas son las trabas a la progresión de grado. A día de hoy en el Estado español todavía 107 se encuentran en primer grado (muchos son excarcelados tras haber agotado condena siempre en ese régimen), mientras que en segundo hay 71 y en tercero únicamente 9. La denegación sistemática de permisos a unos 30 de ellos impide en la práctica llegar a la libertad condicional.

...y las «leyes aberrantes»
Como último y más complejo elemento entre las tareas que Sare se propone está la derogación de la Ley 7/2003, una norma implantada por el Gobierno Aznar para alargar a 40 años el cumplimiento efectivo de cárcel y que además introdujo un nueva paradigma que veta de facto permisos, terceros grados, libertades condicionales...

Sare introduce este tema en la agenda recordando con él se castiga 70 personas «prácticamente a perpetuidad». E interpela a la actual «mayoría progresista en el Estado».

Recuerda además que unos 50 presos vascos están afectados por la negativa a descontar condenas cumplidas en otros estados, fruto también de una artimaña legal de la mayoría que entonces tenía el PP, en 2014.