El grupo Suez,ha informado este viernes de la construcción de una nueva planta en el municipio alavés de Legutio, donde pretende procesar más de 30.000 toneladas de residuos industriales al año.

Según la declaración de impacto ambiental, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el pasado mes de abril, en 2018 solicitó una modificación «sustancial» de la autorización vigente para la incorporación del proceso de valorización de lodos con hidrocarburos mediante desorción térmica, una técnica que, según Ecologistas en Acción, puede equipararse con la incineración.

Al parecer, la diferencia estriba en que con la desorción térmica lo que se busca es separar los contaminantes en lugar de destruirlos.

El proceso de desorción se sumaría a la actividad de recepción, clasificación y agrupamiento, así como almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, que realiza en actualmente en el polígono de Goiain, donde cuenta con una parcela de 20.495 metros cuadrados.

La instalación de la planta de tratamiento de lodos contaminados requiere de una nave de 2.031 metros cuadrados, en la que se reducirá al máximo la concentración de hidrocarburos para obtener un subproducto susceptible de ser reutilizado como materia prima.

La resolución de Lakua indica que las operaciones de gestión corresponden a R4 (reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos) y R5 (reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas).

Los lodos contaminados con hidrocarburos se almacenarán en cuatro trojes, y posteriormente se procederá a la premezcla. El lodo será será introducido en el sistema de alimentación del secador térmico a un ritmo, más o menos constante, de 7,88 toneladas a la hora.

«Del secador térmico se extrae un lodo totalmente seco y cuya concentración en hidrocarburos es muy baja o nula», señala el Ejecutivo, que advierte de que «este lodo tratado tiene una temperatura superior a los 400 grados, por lo que tiene que ser acondicionado antes de enviarlo a la zona de almacenamiento».

PCB, un cancerígeno prohibido en 1986

En la planta se almacenan residuos envasados o a granel, y llama la atención la presencia de 50 toneladas de PCB, almacenados en dos tanques de 25 metros cúbicos. Cabe recordar que, tal como indica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico, los PCB, o bifenilos policlorados, fueron prohibidos en 1986 debido a sus «perniciosos efectos obre la salud, como su poder cancerígeno y otros efectos tóxicos».

La declaración ambiental establece que Suez podrá realizar el almacenamiento temporal y operaciones de carga, descarga y el reenvasado en caso necesario de una serie de residuos peligrosos, como pueden ser los residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de minerales metálicos; los residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos; y los lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos y sustancias peligrosas.

En la lista recogida en el primer anexo también figuran residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas; serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas; hidrocarburos que contienen ácidos; residuos que contienen mercurio; ácido sulfúrico y ácido sulfuroso; óxidos metálicos que contienen metales pesados; y residuos que contienen arsénico, por citar solo algunos ejemplos.

Así, no es de extrañar que en la declaración se establezca que las operaciones de carga, descarga y manipulación de los residuos en planta, así como la estanqueidad de los equipos, «deberán evitar o, en su defecto, reducir al máximo posible la existencia de emisiones difusas o incontroladas».

La propia resolución de Lakua incluye una serie de condiciones y requisitos para la explotación y cese de la actividad por parte de Suez, como la constitución de un seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 600.000 euros que «cubrirá el riesgo de indemnización por los posibles daños causados a terceras personas o a sus bienes y los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado, derivados del ejercicio de la actividad objeto de autorización».