Dustin Higgs ha sido el decimotercer preso del corredor de la muerte federal ejecutado en un plazo de seis meses, desde que el Gobierno de Trump reanudara en julio de 2020 estas ejecuciones. Y ha sido el tercero que recibe la inyección letal en lo que va de 2021.

Había sido conducido al Correcional Federal de Terre Haute (Indiana) condenado por el secuestro y muerte de tres mujeres en 1996. La ejecución de Higgs llegó tres días después de la de Lisa Montgomery, la primera mujer en ser ejecutada a nivel federal en más de seis décadas.

Las diez ejecuciones completadas a nivel federal en 2020 convierten al año pasado en el que más sentencias federales de pena de muerte se han llevado a cabo desde 1896, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).

No hay más ejecuciones previstas a nivel federal hasta el próximo miércoles, cuando Joe Biden llegará al poder bajo una fuerte presión de su partido y de grupos contrarios a la pena de muerte para acabar con esa práctica, algo para lo que un grupo de legisladores demócratas presentaron esta semana un proyecto de ley.

Una prueba para Biden

Biden ha prometido abolir la pena de muerte por crímenes juzgados a nivel federal y dar incentivos a los estados para que dejen de buscar sentencias capitales para aquellos delitos que se procesan a nivel estatal.

Su primera prueba al respecto podría estar relacionada con el caso de Dzhokhar Tsarnaev, uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, puesto que, bajo el mandato de Trump, el Departamento de Justicia ha pedido al Tribunal Supremo que restablezca la sentencia de muerte contra ese acusado.

Si el Departamento de Justicia cambia su postura y permite que siga en pie la condena a cadena perpetua de Tsarnaev, será una señal temprana de cómo planea abordar el tema el Gobierno del nuevo presidente.

La decisión del exfiscal general William Barr, nominado por Trump, de reanudar las ejecuciones a nivel federal tras casi dos décadas de pausa generó polémica en Estados Unidos, donde la tendencia general en los últimos años había sido la de recurrir cada vez menos a esa sentencia y aplazar el momento de ejecutar las ya emitidas.