Maite Ubiria

Diputados corsos alertan del riesgo de criminalización derivado del «delito de separatismo»

El proyecto de ley contra los separatismos recibió un primer voto favorable, anoche, en la Asamblea Nacional francesa. En el debate, el diputado Jean-Felix Acquaviva rechazó que se aplique a militantes corsos o vascos medidas, como el fichero Fijait, previstas contra el islamismo radical. 

El diputado corso Paul-André Colombiani, al igual que su compañero Jean-Félix Acquaviva, cuesionaron la ley contra los separatismos. (Vincent Isore/MaxPPP)
El diputado corso Paul-André Colombiani, al igual que su compañero Jean-Felix Acquaviva, cuesionaron la ley contra los separatismos. (Vincent ISORE/MaxPPP)

La Asamblea Nacional francesa dio anoche su aval a la creación del nuevo delito de separatismo, penado con hasta cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa.

Lo hizo prácticamente por unanimidad ya que ese artículo 4 de la ley contra el separatismo -rebautizada como ley para reforzar los principios republicanos- recibió el voto a favor de 130 diputados y 4 abstenciones.

El nuevo tipo legal se dirige, sobre el papel, a proteger a cargos electos o funcionarios públicos que puedan ser objeto de «amenazas, violencia o intimidación a cargo de personas que quieren sustraerse en todo o en parte de las reglas que marcan el servicio público».

La nueva norma busca así garantizar la neutralidad en el servicio público, que ya era desde antes obligatoria por ley, aunque aderezando ahora esa medida de «prohibición expresa de exhibir símbolos religiosos ostentatorios» con sanciones más severas.

Se trata de una reforma anunciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, el 2 de octubre pasado en sl discurso de Yvelines, y reforzada «en caliente» tras el fallecimiento, pocos días después, del profesor Samuel Paty, degollado a raíz de que mostrara a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma.

La reforma trata de poner coto a las «presiones de sesgo comunitarista», pero desde que el presidente galo hiciera público su proyecto se ha aderezado de manifestaciones dirigidas al mundo musulmán, y ha sido objeto de críticas por su carácter estigmatizante con respecto a los barrios populares.

No obstante los efectos de la norma pueden ir bastante más allá, advierten expertos juristas, al entrar en terrenos como la libertad de asociación o de expresión.

Las críticas a que la nueva ley será un cajón de sastre o de que no tendrá mayor utilidad que azuzar la «guerra al diferente» no se han hecho esperar.

Dupond-Moretti: «No hay terroristas buenos»

La propia denominación de la ley ha ido evolucionando, para acotar que su objetivo es actuar contra el «separatismo islamista», lo que no tranquilizaba ayer a algunos electos, caso del diputado corso Jean-Felix Acquaviva, que prevenía en su intervención ante la Asamblea Nacional sobre el hecho de que las medidas arbitradas contra el «terrorismo» islamista se apliquen a militantes vascos o corsos.

Ya otro electo corso, Paul-André Colombani, había denunciado, al inicio del debate que arrancó el lunes pasado, del riesgo de que se haga un uso extensible de capítulos como el delito de «odio» a través de redes sociales o de apología de terrorismo, adosados a la nueva ley, para coartar así la libertad de expresión u obstaculizar el trabajo de determinadas asociaciones cuyo trabajo pueda resultar molesto a ojos de París, entre las que enumeró a organismos de defensa de derechos humanos pero también a asociaciones ecologistas o que defienden los derechos sociales o culturales, entre otras.

En su intervención, ayer, Acquaviva denunció expresamente la inclusión de presos o expresos de Corsica o Euskal Herria en el fichero Fijait y emplazó a reservar «la calificación de terroristas» para los yihadistas.

Su intervención provocaba la reacción del ministro de Justicia francés, Eric Dupond-Moretti, que espetaba al electo corso: «Usted distingue entre terroristas, pero no hay terroristas malos y terroristas buenos, nosotros luchamos contra todos los separatismos».

De nuevo el debate del velo

Por lo demás, el voto de la Asamblea Nacional da luz verde a la tramitación de un proyecto de ley que promete seguir generando polémica, como se evidenció en el debate previo al voto en la Cámara, en el que salieron a relucir buena parte de los «fantasmas» que presiden el debate relativo a la identidad y el hecho multicultural en el Estado francés.

Sin dejar terreno a la ultraderecha, la bancada de Les Républicains (LR) no se privó de reeditar por enésima vez el debate sobre el uso del velo, entre proclamas en favor de hacer respetar, con el código penal en la mano, «los principios republicanos».

Durante seis horas y media de sesión, y con una larga una batería de enmiendas en la mano, los diputados conservadores trataron de remachar la idea de que no ya los agentes públicos, sino que tampoco las madres que acompañan a sus hijos en excursiones escolares o las estudiantes que acuden a la Universidad puedan portar el velo.

Eric Ciotti, diputado de Alpes Maritimes y exponente del ala dura de LR reprochó a Gérald Darmanin no respetar sus promesas de cara a prohibir el uso del velo, recordándole unas declaraciones que hizo en 2016 en las que el ahora titular de Interior manifestó su rechazo expreso al velo integral tipo burka.

Derecho de asociación

El proyecto de ley para analizar el «delito de separatismo» remarca el principio de laicidad también en el caso de las asociaciones regidas por la ley 1905, con vistas a que asuman el llamado «contrato republicano», lo que es interpretado como una intención velada de recortar la libertad de asociación.

Pese a los matices introducidos a su paso por la comisión de leyes, otro capítulo, el que establece la escolarización obligatoria a partir de los 3 años –y no de los 6 como hasta ahora–, ha generado polémica, al afectar a proyectos pedagógicos alternativos o simplemente cuestionar la opción de algunas familias de abordar en casa la primera etapa de fomación de sus hijos antes de la entrada en la escuela.