Maite Ubiria

Clamor de justicia en un caso de violación que implica a una veintena de bomberos de París

El Tribunal de Casación decidirá el 10 de febrero si recalifica como violación la acusación por «abuso» que ha impedido hasta la fecha que se haga justicia en el caso de una joven, Julie, que siendo menor de edad sufrió reiteradas violaciones que implican a una veintena de bomberos de París.

Movilización en un tribunal parisino de distintos colectivos feministas para denunciar el caso de Julie. (Thomas SAMSON/AFP)
Movilización en un tribunal parisino de distintos colectivos feministas para denunciar el caso de Julie. (Thomas SAMSON/AFP)

Siguiendo la convocatoria lanzada por numerosos colectivos feministas del Hexágono, una concentración apoyará, este domingo, 7 de febrero, ante el tribunal de Baiona, la petición de que se haga justicia con una joven, Julie, que durante dos años y siendo menor de edad, sufrió reiteradas violaciones que, según figura en su denuncia, implican a una veintena de miembros del cuerpo de Bomberos de París.

Hasta la fecha, señalan las organizaciones convocantes de esta protesta, que se llevará a cabo en distintas ciudades del Estado francés, se ha impuesto primero la «omerta», propia de cuerpos militarizados como el de bomberos y, por otra parte, la impunidad.

De hecho, a día de hoy, solo tres de los hombres a los que acusa Julie han pasado ante un tribunal, con la agravante de que, en 2019, el juez de instrucción decidió rebajar incluso la calificación de los hechos.

Así, el magistrado pasó de achacar a los encausados un crimen –«violación en grupo de menor de 15 años en situación de vulnerabilidad» fue la imputación exacta que determinó inicialmente el tribunal– a atribuírseles un delito de abuso sexual.

En el caso del resto de los bomberos implicados en la denuncia, el magistrado retiró el agravante de abuso de autoridad, pese a que la joven era menor y desarrolló a resultas de lo ocurrido diversos problemas de salud que obligaban a su hospitalización urgente, circunstancia aprovechada por aquellos a los que señala como autores de esa agresión reiterada.

Y es que eran los bomberos los encargados de proceder a esos traslados hospitalarios en el origen de las violaciones que se sucedieron, hace diez años, cuando la chica contaba entre 13 y 15 años de edad.

Todo empezó en abril de 2008, cuando la niña se sintió enferma en el instituto en que cursaba sus estudios y los bomberos procedieron a su primer traslado al hospital.

Uno de ellos guardó los datos de la chica y contactó con ella vía redes sociales. Fue el principio de un calvario que se prolongó durante dos años, en los que Julie, hasta entonces una estudiante sana y brillante, que practicaba en su tiempo libre la música y la danza, destacan sus compañeros y familiares, desarrolló patologías diversas, de las crisis de ansiedad al cuadro de tetania y después a la depresión, que le abocaron a recibir fuertes tratamientos farmacológicos, que a su vez aumentaron su vulnerabilidad.

Ese cuadro médico y psicológico complejo le acarreó hasta 130 traslados al hospital, lo que, al tiempo, le dejaba a merced de sus agresores, al disponer estos de sus datos personales.

Solo después de que se le redujera la medicación, en el verano de 2010, la joven pudo denunciar lo ocurrido, aunque desde que presentó la denuncia, destaca Mediapart, pasó medio año antes de que la Policía tomara las primeras declaraciones por los hechos.

Ellos no declaran, a ella le interrogan

En febrero de 2011 tres de los bomberos eran imputados por violación, mientras que en el caso de los 17 restantes, pese a haber reconocido inicialmente que sabían de la edad y situación de la joven, ya que rellenaban la ficha con sus datos en cada traslado al hospital, vieron cómo se les retiraba la acusación con el argumento de que no sabían que la joven era menor de edad.

Organizaciones feministas han denunciado que la investigación se ha centrado en establecer el grado de resistencia que opuso Julie, a la que en la primera audición policial se le hicieron preguntas del tipo: «¿Por qué no gritó, gimió, mordió o empujó a sus agresores antes de que le metieran el pene en la boca?», «¿Dejó que le obligaran a hacer una felación? o ¿Por qué no dijo que no quería?».

Los antecedentes de intento de suicido de la menor no llevaron al juez a buscar fórmulas alternativas al careo de la víctima con hasta siete de los hombres a los que había denunciado, ya que el resto, que falsearon testimonios amparándose en «un pacto de caballeros», ni siquiera se presentaron a la vista.

Después de diez años de proceso judicial, el 12 de noviembre de 2020 el Tribunal de Versalles confirmó en proceso de apelación el cambio de calificación de los hechos, y decidió que solo tres bomberos quedaran como imputados, y por abuso en ver de por violación.

La petición #JusticepourJulie, lanzada por Corinne Leriche, madre de Julie, ha reunido ya cerca de 250.000 firmas, y en ella la madre relata cómo la familia vio cómo se deterioraba el estado de salud de la menor, sin comprender nada. Es más, denuncia que alguno de los agresores, al amparo de su condición de bombero, labró incluso una relación de confianza con una familia superada por la situación que vivía Julie, quien relata haber sufrido su primera violación grupal en noviembre de 2009, al regreso de una hospitalización.

A unos días de que los tribunales tomen una nueva decisión sobre el caso, la demanda de justicia para la joven ha encendido las redes sociales y levantado una ola de solidaridad, particularmente en centros educativos de la capital francesa. Destaca el vídeo colgado en la red Instagran por el colectivo de estudiantes de instituto @lyceennes_et_enragées.

«Pedimos que se haga justicia con Julie, para que por fin, a sus 25 años, pueda empezar a reconstruirse con la dignidad que le corresponde, como a cualquir otro ser humano», escribe Corinne Leriche.

La petición difundida por Leriche a través de change.org va dirigida al ministro de Justicia galo, Eric Dupont-Moretti, y es un grito de justicia para su hija Julie.

Desde la calle, el movimiento feminista exige además que los tribunales dejen de actuar como parte del engranaje que permite que perdure la «cultura de la violación».