¿Qué supone vivir sin papeles siendo menor de edad? ¿Cómo repercute en el día a día, en el acceso a la educación, a la sanidad, a actividades extraescolares, a becas etc?

En el Estado español en 2019 había casi 147.000 menores en situación administrativa irregular. Aproximadamente, la mitad tiene menos de 10 años y casi un 40% menos de cinco años (unos 55.000). Son datos aportados por Save The Children y la Fundación por Causa en el informe ‘Crecer sin papeles’ presentado hoy. «Esto derrumba una de las caricaturas de la migración infantil irregular. Casi un tercio tiene una edad superior a los 15 años y está sujeta a consideraciones propias en materia de educación o inserción laboral», ha subrayado Gonzalo Fanjul, director del área de Investigación Fundación porCausa. 

Además de recoger testimonios de primera mano, el informe desglosa los datos de la infancia sin papeles por comunidades. Aunque la mayor parte se concentran en las más pobladas –Catalunya, Comunidad de Madrid y Andalucía– en la CAV, el porcentaje de niños migrantes en situación irregular es del 6,33% frente a un 3,59% que sí lo estaban. En Nafarroa, el 1,41% está en situación regular y un 2,27% vive sin papeles. 

En cuanto a su pocedencia, tres de cada cuatro menores en situación irregular en el Estado son originarios de América Latina – uno de cada seis niños y niñas sin papeles proviene de Colombia. Le siguen en importancia Honduras, Venezuela y Perú–. África es el origen del 43% de los niños y niñas migrantes, pero concentra solo el 13% de los que están en situación irregular.

Los autores del informe advierten que la irregularidad «multiplica los factores de precariedad y riesgo de pobreza al condenar a estas personas a los empleos más precarios y peor pagados, y al restringir dramáticamente la posibilidad de recibir ayudas públicas. Las familias pobres en situación irregularidad quedan fuera, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital», aunque algunas comunidades, entre ellas la CAV, sí incluyen a la población sin papeles en sus rentas mínimas.

El modo en que una sociedad se comporta con los grupos de población vulnerables establece el rasero de su dignidad colectiva

Remarcan, asimismo, que «el acceso efectivo al derecho a la educación puede verse vulnerado por la ausencia de un permiso de residencia y de un Número de Identificación Extranjero que impida su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas. Existe, por ejemplo, una discriminación a la hora de obtener el título de la ESO; si bien se permite terminar los estudios, no hay posibilidad de reclamar la emisión del título si no tienen un permiso de residencia o un Número de Identificación Extranjero. También el acceso a la matriculación en Bachillerato se puede ver afectado; en algunas comunidades, el sistema informático para realizar la matriculación impide hacerlo por Internet si no se facilita un NIE. En otros casos, los niños y niñas no pueden completar sus estudios oficiales por no poder realizar las prácticas no remuneradas u otras actividades extra curriculares obligatorias, entre ellas las excursiones y los intercambios educativos. La ausenica de papeles también es un inconveniente cuando se trata de participar en el sistema de educación no obligatoria –O-3 años, universidades, formación profesional o prácticas–».

Doussou Kouruma, guineana y madre de un niño de tres años nacido en el Estado español, no pudo dejarlo en la guardería porque «cuando fui a dejarlo para hacer mi formación me dijeron que sin papeles no podía». Es uno de los tantos testimonios que recoge el informe.

Menores no acompañados, ¿qué ocurre cuándo cumplen los 18?

La situación administrativa de los menores migrantes depende directamente de la de sus progenitores, si estos pasan a engrosar las listas de irregulares porque, por ejemplo, se hayan quedado sin empleo, ellos también. En el caso de los que llegan solos, son tutelados por las administraciones hasta cumplir los 18 años. Hasta esa edad no pueden ser expulsados. Si para cuando cumplen la mayoría de edad, el sistema de acogida ha tramitado sus papeles, se les concede un permiso de residencia de un año sin autorización para trabajar, periodo durante el cual tienen la tarea «casi imposible» de conseguir una oferta de empleo que pueda ser presentada antes de cumplir los 19 años para así tramitar un permiso laboral a tiempo.

Sheriff tiene 17 años. Es de Gambia. Migró solo hace dos años. Ahora reside en un centro de menores de Madrid. Ha comenzado un curso de peluquería, por cuenta propia. En marzo de este año cumple 18 años.«Está esperando una respuesta que le permita obtener un permiso de trabajo para poder ganarse la vida como peluquero al salir del centro de menores y ayudar a su madre, que se recupera de una tuberculosis ósea en Gambia».

Ismail asegura que durante sus primeros diez meses en un centro de acogida en Andalucía no recibió ningún tipo de formación. «Me decían que no podía, empecé a aprender español solo». Ahora vive en un centro en Asturias, pero sigue sin estudiar porque sus documentos de tutela aún no han llegado. Tiene miedo porque en setiembre cumplirá los 18.

«En otros casos, las pruebas de determinación de la edad llevan a un número considerable de menores de edad al circuito para personas adultas, excluyéndolas así de su derecho a la educación. Siri, llegó a España con 14 años de Gambia. El Estado determinó que era mayor de edad. Al cumplir los 17, con la ayuda de la Fundación Raíces y tras un arduo proceso burocrático, la justicia reconoció su minoría de edad. Ahora, este joven afirma sentirse feliz mientras alterna los estudios de la ESO con un curso de carpintería».

La pregunta no es si se debe regularizar a cerca de 147.000 niños y niñas migrantes, sino cuándo y cómo se va hacer

A la pregunta de si un niño o una niña puede estar en situación irregular habiendo nacido en el Estado español, explican que «solo por el hecho de haber nacido en España no se adquieren los papeles, porque rige el ius sanguinis, de modo que adquieren la nacionalidad de sus progenitores».

Aunque derechos como el de la salud, la educación o la protección frente a los abusos están reconocidos por ley y son accesibles formalmente por la vía de la inscripción en el padrón municipal, «en la práctica estos derechos están sujetos a un importante grado de arbitrariedad por parte de las instituciones y autoridades ya que pueden requerir documentación de la que carecen las personas en situación irregular».

Triple vulnerabilidad: Como menor, migrante e irregular

«La pregunta no es si se debe regularizar a cerca de 147.000 niños y niñas migrantes, sino cuándo y cómo se va a hacer. Un niño o niña extranjero sin papeles se expone a una triple vulnerabilidad: Como menor de edad, como migrante y como irregular. Una medida simple como la regularización puede ser determinante para reducir el sufrimiento de la infancia y sus familiares en situación administrativa irregular, así como facilitar niveles mínimos de inclusión social», subrayan Save the Children y Fundación porCausa.

«Se debe analizar cómo paliar el impacto de la ausencia de papeles en el día a día de estos menores y que su situación administrativa no siga dependiendo de la sus padres y madres. El interés superior del niño debe ser el principio fundamental», remarca Jennifer Zuppiroli, de Save the Children.

Iliany, venezolana con dos niñas, en Barakaldo

Iliany, venezolana de 34 años, reside actualmente en Barakaldo con sus dos hijas. Su hija mayor nació en Venezuela, la pequeña, aunque nacida en el Estado español, es apátrida. «Cuando solicitamos el asilo, tuvimos que pernoctar en la comisaría para solicitar una cita y posteriormente la espera porque una vez que uno solicita el asilo, tienes que esperar seis meses sin poder trabajar, sin permiso de trabajo. Es una odisea la solicitud de cita. Nos negaron el asilo y nos dieron una tarjeta por razones humanitarias por ser venezolanos. Excepto la menor, que también le negaron el asilo y sin pasaporte ella no puede tramitar la tarjeta de residencia. Actualmente, está apátrida. Comenzamos el proceso en el Consulado de Venezuela para registrarla y una vez que se registre su nacimiento, pagar el pasaporte y esperar que llegue, que eso es misión imposible», resalta en un video entrevista de Save the Children.

Está pensando aprender euskara para poder retomar su profesión de docente de primaria, trabajo que desempeñaba en Venezuela. Su esposo trabaja en una clínica a la espera de homologar su título de Medicina.

Yolanda, hondureña, residente en Lizarra

Yolanda lleva seis años en Lizarra. Trabaja en una residencia de ancianos y vive con sus cuatro hijos de entre 8 y 18 años, con quienes se reunió en 2018. «Cuando vine estuve tres años sin papeles. Cuando vinieron mis hijos tuve que dejar el trabajo que tenía porque era de interna. Entonces me quedé sin papeles y sin contrato de trabajo para poder hacer los papeles. A veces, como no tienes los papeles no puedes acceder a ciertas ayudas, a ciertos programas, a viajes en el colegio y cosas así. Mi objetivo era que ellos fueran a un colegio público por mi situación, porque no puedo pagar un colegio privado. La diferencia de allá aquí es muy grande y eso les afecto también un montón y les cuesta nivelarse con los de aquí. Lo que ven aquí en sexto, prácticamente allá lo ven en el Bachillerato», relata.

Actualmente, todos los miembros de la familia cuentan con permiso de residencia. Yolanda explica que conseguir «los papeles» le cambió la vida porque pudo acceder a un trabajo mejor y su hija e hijos en el colegio podían optar a programas y actividades. Si bien no pudieron entrar en uno de titularidad pública,puede hacer frente a parte del gasto del colegio privado al ser familia numerosa y a ayudas por estar en situación de vulnerabilidad.

Impacto en la salud mental

Los autores del informe reconocen que el impacto en la salud mental es «uno de los aspectos más difíciles de identificar por los sistemas sanitarios y de protección, pero uno de los que dejarán una huella más profunda».

Sara, de 8 años, llegó al Estado español desde Colombia en 2018, huyendo de la violencia. Sus padres han solicitado protección internacional. Desde hace unos meses recibe atención sicológica por problemas de adaptación. En solo un un año ha tenido que cambiar tres veces de colegio por los cambios forzosos de residencia dentro del programa de acogida.

Las diferencias entre la ley y su aplicación también afectan al derecho de la infancia a la salud, donde las familias en situación irregular deben hacer frente a numerosas arbitrariedades y dificultades prácticas

Gabriel, chileno y de 18 años, tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA). Comparte habitación con su madre y su hermano de 4. Estudia en una escuela de hostelería. Sin embargo, las condiciones de vida, con cambios continuos de alojamiento, problemas de convivencia y falta de intimidad, han aflorado en emociones de «tristeza, baja autoestima y desesperanza».

Denominador común, el miedo

Remarcan que el denominador común en las 22 entrevistas que han realizado es el miedo. El temor a represalias por parte de las autoridades o a la ejecución de expedientes de expulsión forma parte de la rutina de padres, madres, hijos, incluso en los casos en que obtuvieron permisos temporales de residencia. El miedo a hablar también condiciona decisiones que van desde acudir a un centro sanitario hasta pedir auxilio por malos tratos.