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Referéndum, Mossos y plan de choque social, condiciones de la CUP para implicarse

La CUP ha explicitado tras su Consell Politico de este sábado que está dispuesta a asumir responsabilidades en la formación de Govern o el Parlament pero siempre sobre programa y con tres prioridades.

Riera y Reguant, tras la reunión del consejo. (CUP)
Riera y Reguant, tras la reunión del consejo. (CUP)

La CUP ha condicionado este sábado su apoyo al nuevo Govern, que negocia con ERC como ganadora electoral del independentismo y también JxCat, a que se cumplan los tres principales pilares de su programa: una reforma del modelo de Mossos d'Esquadra, un plan de choque para rescatar a los sectores más afectados por la crisis y el referéndum de autodeterminación.

Así lo han explicado en rueda de prensa los diputados electos Eulàlia Reguant y Carles Riera tras la reunión de su Consell Politico, en el que se han debatido las condiciones para formar Govern y se han analizado los escenarios abiertos a raíz de las elecciones catalanas del 14F, en las que obtuvieron 9 escaños.

«El programa es nuestra prioridad. En absoluto son las sillas», ha asegurado Riera, quien ha evitado detallar si entrarán en el Ejecutivo, pero ha indicado que estarán «en disposición de asumir todas las responsabilidades que sean necesarias sin que la represión sea un límite».

En este sentido, ha señalado que tomarán la «posición institucional» que les parezca más «adecuada» en cada momento para tener «más fuerza y capacidad» de asumir los tres objetivos programáticos que han situado como condición «sine qua non» para pactar el nuevo ejecutivo catalán.

«Estamos a la espera de los acontecimientos que nos guiarán para que la militancia decida», ha agregado.

La CUP ha eludido precisar qué papel adoptará en esta nueva legislatura después de que ayer se ofrecieran a presidir el Parlament, una cámara que, ha resaltado Riera, tendrá un rol «fundamental» para «frenar al fascismo» y «defender la democracia y los derechos cuando el Tribunal Constitucional quiera limitarlos».

«Si este es el enfoque de la legislatura, de pacto antifascista y defensa de la soberanía del Parlament ante el TC, también estamos dispuestos asumir todas las responsabilidades, pero absolutamente nunca el hecho de que ocupemos un puesto en la Mesa significará un intercambio de sillas», ha enfatizado.

La CUP ha llamado así a dar «un giro de 180 grados» al Govern y al Parlament para que ambas instituciones sean «instrumentos al servicio de la gente, de la democracia y de las necesidades de la mayoría», así como un «escudo» y un «muro» de protección de los derechos sociales, civiles y políticos.

«Frenar las hemorragias»

Tal como ha detallado, por su parte, Reguant, las exigencias de la CUP pasan por «frenar las hemorragias» que sufre Catalunya, como la «vulneración de derechos básicos y fundamentales», entre los cuales ha citado el de vivienda o protesta, o la reforma del modelo de orden público de los Mossos d'Esquadra.

De hecho, en el marco de las negociaciones para un acuerdo de investidura, la CUP y ERC han perfilado ya posibles cambios en el modelo policial, que incluyen una moratoria en el uso de las balas de foam y de la participación de las unidades antidisturbios (BRIMO) en los desahucios, así como el cese de las acusaciones particulares por parte de la Generalitat en las causas contra activistas.

Un preacuerdo al que han instado a JxCat a «dar respuesta» y a sumarse al mismo, «tal como lo hizo ERC».

La segunda condición de la CUP consiste en un compromiso para «construir los fundamentos de un nuevo país» basado en «derechos y libertades, el feminismo, la igualdad y la transición ecológica».

«Pan, techo, trabajo y salud para todos», ha resumido Riera, quien ha remarcado que estos objetivos sólo serán posibles en una Catalunya independiente porque son incompatibles con «un régimen y un Estado al servicio del Ibex 35 y de una monarquía corrupta».

Finalmente, la formación ha planteado un plan de rescate para los más afectados por la crisis derivada del covid-19 con la intención de convertir esta legislatura en una garantía de «servicios públicos de calidad, universales, gratuitos y absolutamente para todos sin exclusiones».