Un grupo de expertos en derechos humanos ha reclamado este miércoles acabar con el «racismo medioambiental» de la franja petroquímica que se sitúa a lo largo del río Misisipi en el estado estadounidense de Luisiana, conocido como el ‘Corredor del Cáncer’, el cual constituye «una amenaza grave y desproporcionada» en el disfrute de varios derechos de los residentes de la zona.

Personas en su mayoría afroamericanas ven dañados derechos como el de igualdad y a la no discriminación, a la vida, a la salud y a un nivel de vida adecuado debido a este cinturón industrial que ha contaminado el agua y el aire del entorno, según han denunciado los expertos.

Del esclavismo a la enfermedad

La franja, conocida originalmente como Plantation Country, donde se obligaba a trabajar a los esclavos africanos, no solo ha contaminado el agua y el aire de su entorno, sino que también ha provocado que sus residentes, en su mayoría afroamericanos descendientes de aquellos esclavos, sufran cáncer, enfermedades respiratorias y otros efectos adversos para la salud.

«Esta forma de racismo medioambiental constituye una amenaza grave y desproporcionada en el disfrute de varios derechos humanos de sus residentes, en su mayoría afroamericanos, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado y los derechos culturales», afirmaron.

Los autores del informe critican que las regulaciones medioambientales a nivel federal no han protegido a estos ciudadanos.

Nuevas amenazas

El Consejo de la Parroquia de St. James aprobó en 2018 el Proyecto Sunshine, una de las instalaciones de producción de plásticos más grandes del mundo construida por FG LA LLC, una empresa subsidiaria de la compañía taiwanesa Formosa Plastics Group.

En paralelo, el Consejo también aprobó los planes de construcción de complejos de metanol por parte de las empresas YCI Methanol One y South Louisiana Methanol.

Con estos proyectos en marcha, la posibilidad de padecer cáncer «se duplicará con creces» para los residentes de la zona, según los expertos.

Tal y como precisa el informe y según datos de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, «el riesgo de cáncer en los distritos predominantemente afroamericanos en esa área podría situarse entre los 104 y 105 casos por millón, mientras que el peligro en otros distritos con población predominantemente blanca oscilaría entre el 60 y el 75 por millón».

De este modo, han alertado de que los nuevos complejos petroquímicos agravarán la contaminación del medioambiente y provocarán un impacto adverso desproporcionado en los derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado y a la salud de las comunidades afroamericanas.

Derechos culturales

Los expertos también han mostrado su preocupación por las posibles violaciones de los derechos culturales de las comunidades afroamericanas de la zona, ya que la construcción de la planta de plástico «amenaza la destrucción de al menos cuatro cementerios de africanos esclavizados».

«Los descendientes de los afroamericanos esclavizados que en su día trabajaron la tierra son hoy las principales víctimas de la mortífera contaminación ambiental que han provocado en sus barrios estas plantas petroquímicas», han lamentado los expertos.

Piden indemnizaciones y responsabilidad de las empresas

Por ello, han instado al Gobierno de Estados Unidos y al Consejo Parroquial de Saint James, que ha aprobado las nuevas prácticas, a reconocer esta situación y a indemnizar a estas personas debido a «los daños causados a los afrodescendientes durante siglos que tienen su origen en la esclavitud y el colonialismo».

Asimismo, han señalado a las empresas también como responsables y han urgido a que realicen las comprobaciones debidas como parte sus evaluaciones de impacto ambiental y de derechos humanos.

Los especialistas aplaudieron la orden ejecutiva medioambiental de la nueva administración estadounidense emitida el pasado 20 de enero que busca proteger la salud de los ciudadanos, la protección del medioambiente frente a la crisis climática y que los responsables de la contaminación rindan cuentas por sus actos.

Asimismo, piden al Gobierno de Estados Unidos que extienda esta justicia medioambiental a las comunidades de todo el país, empezando por los habitantes del Consejo de la Parroquia de St. James.

Añadieron que las empresas también son responsables y que deben realizar las comprobaciones debidas como parte sus evaluaciones de impacto ambiental y de derechos humanos.