Maite Ubiria

El Consejo de Estado tacha de desproporcionada la prohibición de salida aplicada en residencias

El Consejo de Estado francés ha cuestionado la recomendación del Ministerio de Solidaridad y Salud de prohibir totalmente las salidas a las personas residentes en el cuadro de la lucha contra la pandemia. Las restricciones son severas en las residencias de Ipar Euskal Herria.

El nivel de vacunación –imagen de la residencia Harambillet de Baiona– y la situación local deben ser tenidos en cuenta, según el Consejo de Estado. (Bob EDME)
El nivel de vacunación –imagen de la residencia Harambillet de Baiona– y la situación local deben ser tenidos en cuenta, según el Consejo de Estado. (Bob EDME)

El Consejo de Estado francés ha dado la razón a los hijos de una persona residente en un centro para mayores dependientes (EHPAD) que solicitaron a la justicia la suspensión de la prohibición de salida, aplicada en el marco de la lucha contra la pandemia.

La jurisdicción administrativa ha dado ahora la razón a la familia en un pronunciamiento en el que considera «desproporcionada» la generalización de esa prohibición, en una decisión que vuelve a poner sobre el tapete el debate sobre el tratamiento de que han sido objeto las personas mayores durante esta pandemia.

«El confinamiento impuesto puede alterar el estado físico y psicológico de muchos residentes, tal como han constatado distintos estudios», se remarca en esa decisión de la que se ha hecho eco la agencia AFP.

Las recomendaciones cursadas por el Gobierno francés a las EHPAD señalan desde hace meses que las salidas para ver a la familia o para desarrollar actividades exteriores quedan suspendidas «hasta nueva orden».

En las residencias de Ipar Euskal Herria, territorio con la más baja tasa de incidencia de la covid-19 a escala hexagonal –el departamento de Pirineos Atlánticos registró a 3 de marzo una incidencia semanal de 51,7 por 100.000 habitantes, pero en Zuberoa, Nafarroa Beherea y Lapurdi ese indicador se situó incluso por debajo de la barrera 50– se mantienen fuertes restricciones.

Salvo excepciones, las salidas de los residentes están prohibidas y las visitas, limitadas a dos allegados, duran por lo habitual una media hora.

En este sentido, en las residencias vascas se sigue esa consigna general, emitida desde París y que, como en el conjunto de la política sanitaria respecto a la covid-19, apuesta por la homogenización sin respetar las especificidades territoriales.

Esa planificación jacobina es objeto de críticas cada vez más evidentes en Ipar Euskal Herria, tal como se remarca en este comentario publicado ayer en NAIZ.

Trabajar un protocolo adaptado

Tras conocer la decisión del Consejo de Estado, la ministra de Solidaridad y Salud, Brigitte Bourguignon, ha asegurado que tomará nota del pronunciamiento que, asegura, «debe servirnos para proporcionar respuestas más adecuadas».

La ministra se reunirá este viernes con un «grupo de reflexión ética», integrado por familiares de residentes, profesionales sociosanitarios, juristas y especialistas en bioética, «para trabajar las nuevas recomendaciones que se cursarán a las EHPAD».

No obstante, Bourguignon ha hecho hincapié en que el contexto sanitario sigue siendo «muy preocupante».

Antes de conocerse el dictamen del Consejo de Estado, directores de residencias se habían dirigido ya al Ministerio para solicitar un aligeramiento de las restricciones, señalando precisamente que la mayoría de los residentes han sido ya vacunados.

El Consejo de Estado remarca al respecto que «las vacunas se han demostrado eficaces para reducir el riesgo de contagiarse y desarrollar una forma grave de la covid-19».

De ahí que este organismo estime que «si vuelve a los responsables de las EHPAD la decisión de autorizar salidas en función de la situación de la pandemia en cada localidad y en función de la tasa de vacunación, puede hacerse compatible ese derecho con la seguridad del conjunto de los residentes y del personal siempre que se definan las medidas de protección adecuadas».

Esta «sabia decisión» del Consejo de Estado representa «una esperanza y un alivio para los profesionales y las familias», ha remarcado en redes sociales Florence Arnaiz-Maumé, delegada general del sindicato de residencias privadas Synerpa.

Según las últimas cifras oficiales, el 82% de las personas que residen en centros para personas dependientes o con discapacidades graves en el Estado francés han recibido al menos la primera dosis de la vacuna y un 57% han completado los dos tratamientos. Cerca de un 42% del personal sociosanitario ha recibido al menos una dosis de la vacuna.

Según los datos proporcionados por la Agencia Regional de Salud (ARS) de Nueva Aquitania, en el departamento que incluye a Ipar Euskal Herria a 19 de febrero habían recibido las dos dosis de la vacuna 6.877 residentes (87,7% de cobertura) mientras que 3.413 residentes (43,5%) habían completado las dos dosis.