De entre todos los puntos de fricción que podría haber habido en el Gobierno de coalición español, que el tema de la vivienda iba a ser uno de ellos no era una cosa que, a priori y con patatas calientes como el modelo territorial y la regeneración democrática sobre la mesa, nadie pensara que iba a dar tanto que hablar como lo ha hecho.

El tema no es para menos, si se ven los indicadores económicos que la vivienda genera en el conjunto del Estado español. Oír al ministro español Ábalos hablar de la vivienda como un «bien de mercado», en esos términos, sin paños calientes, se interpreta claramente como un puñetazo en la mesa y un deseo de desmarcarse de Unidas Podemos en cuanto a política de vivienda. El PSOE, que planteaba sin ambages la necesaria limitación de la reducción o al menos congelación de los precios de los alquileres, de golpe y plumazo coge el manual neoliberal y plantea una serie de incentivos fiscales como solución. Frente a eso, la práctica totalidad de las fuerzas progresistas del arco parlamentario español plantea la necesidad de copiar a otros socios europeos como el Estado francés, Alemania o Austria, e intervenir el mercado del alquiler.

El esperpento no finaliza con esto, y durante semanas hemos estado oyendo cómo miembros de la Academia planteaban que la regulación, o limitación, de los precios del alquiler podría devenir en un efecto contrario, argumentando que no permitir subir los alquileres por encima de una media en zonas ‘tensionadas’ (aquellas que tienen mucha demanda, como por ejemplo los centros de las ciudades, o determinados barrios de moda) haría que esos propietarios vendieran sus pisos a precios desorbitados. La conclusión de estas voces es que falta oferta de vivienda.

¿Falta vivienda, con 25 millones de casas construidas en el Estado español? ¿Falta vivienda, siendo 1 de cada 4 de esas 25 millones segundas residencias? ¿Faltan viviendas, contabilizándose 3,4 millones de viviendas vacías? La respuesta no es sencilla, pero desde luego, no es una respuesta afirmativa, tal y como plantean.

Todo parece indicar que la reactivación económica post-Covid va a pasar por la reactivación del sector inmobiliario. Nos encontramos, sin embargo, ante la paradoja de que la verdadera fuerza de un estado para intervenir en el precio de la vivienda y el alquiler, los parques públicos de vivienda, han sido vaciados hacia manos privadas. De una media europea de un 11% de vivienda social, el Estado español cuenta apenas con un 2%. Se ha querido un país de propietarios.

La historia de cómo los neoliberales han querido, por tierra, mar y aire, librarse de los parques públicos de vivienda tiene su ejemplo más famoso en la política de Right to Buy (derecho a comprar), y nos enlaza con la arquitecta Kate Macintosh. Esta escocesa acaba de recibir el premio Jane Drew, concedido anualmente a profesionales que demuestran su compromiso con la innovación, la diversidad y la inclusividad en el campo de la arquitectura. Su obra más conocida, Dawson’s Height (el alto de Dawson) ha sido celebrada como una obra que cumple con ese triple compromiso, como veremos a continuación.

Vivienda pública. Macintosh diseñó el complejo de 298 viviendas con tan solo 26 años, el mismo año en que empezó a trabajar para el municipio de Southwark, Londres. En 1964, las viviendas sociales como la de Dawson’s Height eran muy habituales en Gran Bretaña, y se empezaba a imponer un estilo que luego se llamaría ‘brutalista’, con un uso generalizado de grandes moles de hormigón armado.

El complejo de viviendas tenía como solar un terreno en una loma, al sur de Londres, con un subsuelo inestable. La economía de medios planteaba el apilamiento de las viviendas, para optimizar las costosas cimentaciones profundas. Macintosh desplegó un lenguaje formal que respondía al terreno, creando una topografía artificial que contrasta con las casas circundantes, creando un edificio que con los años ha ido ganando fama y reconocimiento.

Hoy en día, Macintosh sigue trabajando, y es una firme defensora de la vivienda pública y social. El campo de batalla se ha alargado durante 40 años; cuando Margaret Thatcher se convirtió en primera ministra en 1979, un tercio de la población de Gran Bretaña vivía en vivienda social, lo que allí conocían como council housing. Dos años después, y solo ocho años desde que Macintosh acabara su obra, entró en vigor el Right to Buy, con incentivos para que los inquilinos compraran sus casas. Uno de cada tres lo hizo, empezando el desmantelamiento del sistema social de vivienda que, a la postre, sigue siendo el modo más eficaz para influir en un derecho de las personas.